Mientras la crisis de los carburantes parece no acabar nunca, algunos países buscan desde hace tiempo vías alternativas para solucionar los problemas provocados por los altos precios del petróleo.
Francia aprobó en 1992 una ley que eximía del pago de impuestos especiales a los biocarburantes. La autorización de esta norma por parte de la Comisión Europea fue denunciada por British Petroleum (BP), que veía esta medida como un atentado a la libre competencia.
Ahora, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea le ha dado la razón a la compañía británica. Según la sentencia, el proyecto francés no cumple los requisitos exigidos por la normativa comunitaria. Así, la exención del pago de accisas se permite cuando el empleo de los biocarburantes se hace con fines de investigación y no sólo económicos, como contemplaba la norma gala. Los jueces han declarado que las empresas que fabrican este tipo de carburante sí pueden venderlo, pero el objetivo principal de la elaboración del biocarburante no tiene que ser comercial.
Otro de los aspectos de la ley francesa que se salía de lo previsto por la UE es el de subvencionar las instalaciones de las empresas fabricantes de este tipo de carburante.
Las soluciones ofertadas por el Tribunal a Francia son dos: realizar una nueva solicitud de autorización a la Comisión con nuevos argumentos o inscribir el proyecto dentro de un programa que haya sido aprobado por la UE.
Los fabricantes galos de biocarburantes tendrán que pagar impuestos
El biocombustible se elabora con la incorporación del alcohol etílico fruto de productos como los cereales, la remolacha y las patatas a los carburantes. La fabricación de esta fuente alternativa de energía acaba de sufrir un revés en Francia. Desde el Tribunal de Primera Instancia de la UE se ha decidido restringir la exención de accisas sobre los biocarburantes en el país vecino.
