Juan Antonio Millán, secretario general de la patronal de transportistas Fenadismer y coordinador de la Plataforma, declaró ayer mismo que la decisión de Cardenal supone que no se frene la investigación sobre el presunto oligopolio de facto que ejercen las principales petroleras del país y, principalmente, sobre su supuesto acuerdo para pactar los precios de los carburantes.
Millán confía en que se acabe "con el abuso de posición dominante" de las petroleras que, en su opinión, va en contra de los trabajadores. Explica el responsable de la Plataforma que las petroleras "suben el precio de los hidrocarburos cuando se encarece el petróleo, pero luego no lo reducen", poniendo en una situación de "difícil subsistencia" a transportistas, agricultores y pescadores.
Como se recordará, la Plataforma de Consumidores presentó una querella contra Repsol, Cepsa y BP, principales operadoras del país, acusándolas de realizar prácticas oligopolísticas en el sector y, sobre todo, de pactar los precios de los combustibles.
En principio, Cardenal se había negado a que Anticorrupción instruyese una denuncia propia por los mismos cargos, entendiendo que no había suficientes indicios de delito. Sin embargo, ahora, el fiscal jefe sí permite que los fiscales de Anticorrupción tomen parte en la causa que ya instruye desde mayo el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional.
Anticorrupción accederá así a toda la documentación elaborada por el servicio de Defensa de la Competencia. En estos informes se recogen las pruebas que, supuestamente, demuestran los acuerdos entre las petroleras para manejar los precios del mercado.
De entre las grandes compañías operadoras, sólo Cepsa ha querido hablar. Lo ha hecho para recordar que el Tribunal de Defensa de la Competencia ya ha rechazado varias denuncias contra las petroleras por presunta concertación de precios.
