Magdalena Álvarez es la consejera de Economía del Ejecutivo andaluz. Ayer mismo dijo que "si el Gobierno central lo impone como un 'trágala', tendremos que aceptarlo, pero estamos en desacuerdo".
Pese a las disculpas, lo cierto es que aceptan la propuesta del Ministerio de Hacienda y abren una puerta por la que pueden pasar otras autonomías que se han opuesto a la ampliación del impuesto sobre los carburantes.
Dicen desde la Consejería de Economía de Andalucía que "no hay más remedio, porque Hacienda descuenta los 135.660 millones de pesetas que prevé recaudar del tramo estatal del impuesto de las cifras comprometidas en el llamado fondo de suficiencia - un acuerdo para compensar y equilibrar los presupuestos autonómicos- y, si no se acepta, se perdería un dinero que ya estaba previsto en los próximos presupuestos". Es decir, que abandonan la lucha que encabeza el PSOE en el parlamento para no perder dinero.
La Comunidad Andaluza se llevará unos 20.778 millones de pesetas en 2002 sólo por este aumento del impuesto. En total, las seis comunidades autónomas que gobierna el PSOE, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Aragón, se llevarán 40.000 millones de pesetas.
Los dirigentes socialistas de Andalucía se han dado prisa en señalar que no piensan aumentar también el tramo autonómico del impuesto. Simplemente aceptan la subida del tramo estatal, que se incrementa en cuatro pesetas a partir del primero de enero y se destinará a financiar las sanidades autonómicas. La decisión gubernamental permite a las regiones ampliar el tramo que cobran directamente en 1,6 pesetas más.
Desde el Gobierno central ya se ha echado en cara al PSOE esta disparidad de criterios. Antonio Beteta, secretario general de Política Fiscal y Financiera, ha dicho que la postura de los socialistas es contradictoria, pues aceptan un dinero que consideran "inconstitucional".
Se refiere Beteta al recurso de inconstitucionalidad que prepara el Partido Socialista en el Congreso. Sus líderes llevan varios días aglutinando en torno a ellos a cuantas fuerzas sociales pueden, como sindicatos, agrupaciones de transportistas, taxistas... Las últimos en sumarse al esfuerzo del PSOE son las autoescuelas, que ven en la subida del impuesto una agresión directa a sus intereses.
El último movimiento del grupo socialista se produjo ayer martes, cuando sus parlamentarios convocaron una reunión urgente de la Mesa del Congreso. Este órgano, máxima autoridad en la Cámara Baja, deberá atender a una petición del PSOE para que los servicios de la cámara eviten un dictamen sobre la propuesta del Gobierno para elevar el impuesto de hidrocarburos a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.
El cambio del PSOE
Dentro del agrio debate que ha suscitado la decisión del Ejecutivo, ayer los populares se apuntaron un tanto importante. Rescataron del olvido una enmienda que el PSOE preparó en octubre para la Ley de Acompañamiento. En aquella enmienda, el partido Socialista proponía aceptar la idea de Frances Homs, conseller de la Generalitat de Cataluña, para crear un impuesto sobre la venta minorista de combustibles. Dicha tasa serviría para asumir la parte no armonizada de la recaudación actual del impuesto de hidrocarburos. Además, señalaban que este cambio debería ir destinado a financiar la sanidad pública.
Subrayaba el PSOE en aquella ocasión que esta medida debía ser tomada en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Curiosamente, es lo mismo que ha propuesto el Gobierno ahora y el PSOE combate. En aquella ocasión, el Partido Popular rechazó la enmienda porque "todavía se estaba negociando". "Los socialistas quieren ahora llevarse el dinero y echar la culpa al PP", dice Vicente Martínez Pujalte, diputado popular.
Cataluña no sube
Mientras en Madrid continúa la discusión y las autonomías más beligerantes empiezan a ceder, es Cataluña, donde se puso en marcha la idea, la que anuncia que retrasará su aplicación.
Artur Mas, conseller en cap de la Generalitat, ha asegurado que el Gobierno catalán no aplicará esta medida en Cataluña durante todo el año 2002. Esta decisión supondrá que Cataluña deje de ingresar 9.600 millones de pesetas.
