Cuatro años después de su desaparición, los distintivos autonómicos pueden volver a estar presentes en las matrículas de los vehículos. Las nuevas placas podrían ser una realidad en enero, plazo que ha propuesto la Comisión de Interior del Senado para que el Gobierno busque “el necesario consenso social" y logre llevar a cabo la reforma.Esta resolución ha obtenido los votos a favor de la mayoría de los grupos políticos. El texto es fruto de una enmienda firmada por CiU (autor del documento inicial), PSOE y Entesa Catalana de Progrés. Sin embargo, el Partido Popular ha rechazado la moción, que modificaría la fórmula aprobada por el grupo en el año 2000, cuando se eliminaron las siglas provinciales y se sustituyeron por una combinación de letras y números, sin referencias territoriales. José Joaquín Peñarrubia, portavoz popular, ha asegurado que la decisión supone “reabrir sin necesidad una cuestión cerrada hace más de cuatro años" y que no figura entre las inquietudes de los ciudadanos. Asimismo, ha calificado la medida de regresión a una receta caduca.Los partidos catalanes, que han reivindicado la “matrícula autonómica" durante mucho tiempo, no lo ven así. Rosa Nuria Aleixandre, portavoz del grupo catalán de CiU, ha recordado que otros países de la Unión Europea (Italia, Alemania o Francia) incluyen el distintivo territorial en las placas de los vehículos. Por su parte, la portavoz socialista, María del Carmen Granado, ha señalado que la norma que regula el modelo actual –aprobada con los votos en solitario del PP durante la pasada legislatura- fue “precipitada y desacertada", ya que no contó con el consenso de las autonomías, ni con el de las fuerzas políticas. Rafael Bruguera, de Entesa Catalana de Progrés, ha subrayado la importancia que tiene esta cuestión: “no es un debate de ‘chapitas’", como lo calificó el ex–presidente del Gobierno, José María Aznar, sino una parte del “debate del modelo de Estado". “Esta iniciativa no va contra nada, ni contra nadie", ha añadido, por lo que se ha mostrado esperanzado en que la medida cuente con el consenso social, incluido el del sector de la automoción.Nada más lejos de los deseos de Bruguera: las asociaciones de fabricantes, distribuidores y conductores sólo ven inconvenientes en esta modificación, que perjudicará al mercado de vehículos de segunda mano y a la renovación del parque móvil español, uno de los más antiguos de la UE, señala el diario “El Mundo".Las protestas del sector han ido ganando fuerza a medida que pasa el tiempo. Ahora, ocho asociaciones de fabricantes e importadores de coches, vendedores de vehículos nuevos y del mercado de ocasión, conductores y productores de equipos y componentes han remitido cartas a los responsables de Industria (José Montilla) y Economía (Pedro Solbes). En los escritos solicitan formalmente su apoyo contra el proyecto que desarrolla el Ministerio del Interior, que dirige José Antonio Alonso.
Éste ya ha señalado que la modificación no tendrá coste alguno para los usuarios, mientras que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha añadido que la medida sería voluntaria “en determinados plazos". Sin embargo, estos argumentos no convencen al sector de la automoción, cuyas reclamaciones –según alega- han sido ignoradas por Interior. Fabricantes y vendedores afirman que, cuando la mayoría de los ciudadanos habían aceptado el actual modelo de matrícula, el Gobierno pretende implantar una disposición perjudicial. Entre otras consecuencias, restará atractivo al Plan Prever (que incluye beneficios por la adquisición de vehículos de segunda mano con edad inferior a cinco años) y afectará negativamente al reciclaje de las flotas de las empresas de alquiler, cuyas operaciones han permitido que las ventas de turismos marquen récords históricos. La actividad de estas compañías pasará de ser nacional a ser autonómica, pues muchos coches sólo podrán comercializarse en la comunidad en la que han sido matriculados, según argumentan. El sector de la automoción también ha planteado algunas soluciones, como incluir los distintivos en las matrículas con una pegatina o permitir que la información autonómica en las placas sea de carácter voluntario.El escrito pide a Industria que demuestre más atención hacia un sector que supone el 6,3 por ciento del PIB, que genera cerca del 7 por ciento de los empleos directos e indirectos y que aporta ingresos fiscales de 20.000 millones de euros al año.
