La UE autoriza las ayudas públicas a Santana Motor

La Comisión Europea ha confirmado la legalidad de los 23,4 millones de euros (3.900 millones de pesetas) que recibió la factoría en 1999, en concepto de ayudas públicas. Según Bruselas, esta inversión no puede considerarse como una "ayuda estatal", lo que justifica su legalidad.

La UE autoriza las ayudas públicas a Santana Motor
La UE autoriza las ayudas públicas a Santana Motor

Los servicios de Competencia de la Unión Europea han examinado la inyección de capital realizada en 1999 a favor de Santana, que ascendía a 23,4 millones de euros (3.890 millones de pesetas). Asimismo, han analizado una ayuda regional de 10 millones de euros (1.664 millones de pesetas), poniendo especial atención en determinar si la intervención pública estaba basada en las perspectivas de rentabilidad de la compañía en el sector automovilístico.

A pesar de que la inversión que recibió la compañía hace dos años ha sido aprobada en su totalidad, la Comisión Europea sólo ha autorizado 8,68 millones de euros (1.444 millones de pesetas) de ayuda regional al plan industrial. La Junta de Andalucía tenía previsto aportar 10 millones de euros, lo que permitiría impulsar la producción del modelo Jimny (bajo licencia de Suzuki), del todo terreno PS10 y del vehículo ligero de cuatro ruedas Stella.

Juan Salazar (CC.OO.), presidente del comité de empresa de Santana Linares, afirmó que se sentía satisfecho "por lo que se ha aprobado, pero me parece mal que se limiten las ayudas al plan industrial".

No se suspenderán los despidos
Aunque la Junta manifestó ayer que el respaldo de la UE es un paso importante para garantizar el futuro de la factoría, la Dirección de Santana anunció que no paralizará el expediente de regulación de 451 empleos. El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) considera que este ajuste laboral es "un requisito imprescindible para defender el empleo actual de la compañía y hacer posible la creación de nuevos puestos de trabajo en las compañías que se incorporarán al parque de proveedores".

Ante esta situación, el Comité de Empresa pidió ayer al consejero de empleo de la Junta, José Antonio Viera, que se detenga este expediente, ya que faltan documentos que lo justifiquen, como los balances de los tres últimos años y los del primer semestre de 2001.

Así, el comité está utilizando un posible defecto formal del documento en un intento de convencer a la Junta para que suspendan los despidos, pues, de lo contrario, las negociaciones sobre el paso del excedente laboral de la factoría de Linares a la industria privada no seguirán adelante.

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