La Ley de Transporte Terrestre se moderniza

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley sobre Ordenación del Transporte Terrestre en España. Este nuevo texto, que ha sido debatido en el seno de la Comisión de Infraestructuras, trata, según los representantes del Partido Popular, de modernizar y endurecer las sanciones que estaban vigentes.La oposición, cuyas 104 enmiendas fueron mayoritariamente rechazadas, tiene otra visión de este proyecto, al que califica como “farragoso" y, en ocasiones, “incomprensible". Entre las enmiendas denegadas se encuentra la prohibición con carácter general de que los transportistas de mercancías realicen, además, las labores de carga y descarga (una reivindicación histórica de los conductores) y la creación de una mesa de diálogo social del sector.Respecto a este segundo punto, desde el PP se sostiene que es innecesaria la creación de este foro, puesto que el sector ya cuenta con suficientes órganos de representación. En referencia a la prohibición de que las labores de carga y descarga las realice el conductor, el portavoz adjunto del PP en la comisión, Luis Ortiz, ha indicado que esta decisión debe dejarse para un desarrollo reglamentario posterior más sopesado.De esta manera, la ley establece que este desarrollo reglamentario se hará después de que el Comité Nacional de Transporte por Carretera y la Comisión Nacional del Transporte Terrestre elaboren un informe al respecto. La nueva norma pretende, según Ortiz, “dar cumplimiento a las exigencias de perseguir prácticas contra la competencia y contrarias a la seguridad", como los excesos de carga y tiempos de conducción o los abusos en la carga y descarga. Además, se modifica y endurece el sistema de sanciones para crear nuevos tipos infractores y establecer la exigencia del tacógrafo digital y consejeros de seguridad.En opinión del Grupo Socialista, esta parte de la normativa es excesivamente “prolija" y “no hay quién la entienda", por lo que ha de ser redactada de nuevo para hacerla comprensible para los implicados. En lo que sí han estado de acuerdo todas las formaciones políticas es en que el ámbito de actuación de las Juntas Arbitrales de Transporte se eleve hasta conflictos que impliquen un coste de hasta 6.000 euros, frente a los 3.000 euros de coste máximo que rige actualmente.