Todos los partidos políticos presentes en el Parlament han aprobado este acuerdo, por el que la Generalitat pagará a Acesa - concesionaria de la A-7 - unos 7 millones de euros anuales (más de 1.164 millones de pesetas). A cambio, los conductores no tendrán que volver a abonar los peajes de Mollet y Rubí-Les Fonts.
El pago del peaje se asumirá con cargo a los presupuestos de la Generalitat, pero, según ha señalado su conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, será algo transitorio: se aplicará mientras se negocia con el Gobierno central.
Eso sí, lo que la Generalitat considera "algo transitorio", puede alargarse en el tiempo. Proponen mantener las tarifas que se aplicaban hace un año - antes de que Bruselas condenase a España por aplicar un IVA reducido a los peajes y obligase a nuestro país a subir este impuesto del 7 al 16 por ciento -, pero la bajada de los peajes se ha convertido en una auténtica barrera entre el Gobierno catalán y el central.
El ministro de Fomento, Álvarez Cascos, ya ha señalado que no piensan destinar "ni un euro" para rescatar dichas carreteras: "las autopistas deben pagarlas quienes las usan, no quienes no las usan por la vía de impuestos", señaló nada más conocerse la condena de la UE.
Rebajas a los usuarios habituales
A partir del próximo 1 de enero, Acesa pondrá en marcha una nueva política comercial. Ofrecerá rebajas a sus mejores clientes, es decir, a los conductores habituales. Así, descontará un 5 por ciento el importe de los peajes en Cataluña para quienes utilicen entre 5 y 10 veces al mes la misma vía; un 10 por ciento para quienes lo hagan entre 10 y 20 veces, hasta llegar a una rebaja del 50 por ciento para los que pasen en más de 50 ocasiones cada treinta días.
Con su fusión con Aurea y la compra de Iberpistas, Acesa se prepara para ser el principal grupo español de infraestructuras. Tendrá más de 1.000 kilómetros de autopistas bajo su control, una gran parte de los mismos, en Cataluña.
Viejas reivindicaciones
Precisamente la prórroga de las concesiones de la Generalitat a Acesa en 1998 provocó toda una reacción social que desembocó en la denominada "Declaración de Gélida" (una asociación que engloba a 150 ayuntamientos, consejos comarcales, asociaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio y diputaciones).
Según nos comentó Jordi Carrillo, miembro de dicha Asociación, en Cataluña "se ha invertido poco en vías gratuitas para no hacer competencia a las concesionarias".
Sin embargo, las concesionarias han votado a favor de la nueva iniciativa del Gobierno catalán. Según el texto presentado por Felip Puig, pretenden crear un fondo estatal que permita conceder subvenciones a las concesionarias si no suben sus tarifas, mientras que éstas realizarían rebajas en función del número de automóviles que usen sus vías.
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