Desde hace unos meses, las comunidades autónomas pueden gravar la venta minorista del carburante, siempre que los ingresos se inviertan en proyectos sanitarios o medioambientales. Madrid ha sido la primera región en poner en práctica esta posibilidad, recogida en el modelo de financiación de las Autonomías.
Sin embargo, la subida del tramo autonómico de esta tasa, que el Gobierno regional pretende aplicar desde agosto (el proyecto se aprobará hoy y pasará a trámite parlamentario por la vía de urgencia), ha sido desaconsejado por el CES, que considera este aumento "no acertado", ya que incrementará la inflación y provocará mayores costes a las empresas madrileñas, que "perderán competitividad".
Este órgano consultivo realizó un informe a petición del Consejo de Gobierno de Madrid, que solicitó el texto con carácter urgente.
El CES califica el incremento de "inoportuno e injusto" y, además, considera que "la repercusión total de la tarifa autonómica se trasladará al consumidor final", como ocurre con el tramo estatal del tributo. Además, "podría originar una menor cuota de mercado y un menor crecimiento del empleo", ya que la tasa supondrá "una pérdida de competitividad en todos los productos y servicios que se ofrecen en la región".
La aportación de las petroleras a la sanidad comenzará este año con un céntimo de euro por litro de gasolina o gasóleo. En 2003, la cifra llegará a 1,70 céntimos (casi tres pesetas), para establecerse en 2,83 céntimos de euro (4,6 pesetas) a partir de 2004. El litro de gasóleo B y C –agrícola y de calefacción- se gravará con 0,25 céntimos de euro (0,4 pesetas) en 2002, 0,43 (0,7 pesetas) en 2003 y 0,59 (en torno a una peseta) desde 2004.
La Comunidad de Madrid espera recaudar 16,5 millones de euros (2.745 millones de pesetas) durante el primer año, mientras que, en 2003, esta cifra llegará hasta los 119 millones de euros (19.800 millones de pesetas). La estrategia de mejora sanitaria costará 1.800 millones de euros (casi 300.000 millones de pesetas) y, cuando finalice su implantación –en 2007-, los conductores habrán pagado un tercio de esta cantidad.
Por su parte, Juan Bravo, consejero de Hacienda, aseguró ayer al diario ABC que "el hecho de elevar la fiscalidad de la gasolina en un céntimo no tiene por qué influir en el precio final". Asimismo, recordó que existe un margen de maniobra, pues "entre el surtidor más caro y el más barato de la región hay una diferencia de cinco céntimos".
Hacienda, dispuesta a compensar a los transportistas
Uno de los colectivos más afectados por la nueva tasa será el del transporte por carretera, por lo que la patronal Fenadismer (Federación de Organizaciones de Transportistas de Madrid) manifestó ayer su rechazo a este gravamen en la reunión mantenida con el viceconsejero de Hacienda de la Comunidad, Enrique Osorio.
Según uno de los portavoces de la patronal, este impuesto es discriminatorio para el sector del transporte, que utiliza los carburantes para trabajar y tiene un gasto anual de 50.000 litros de combustible (un conductor normal consume una media de 2.500 litros al año). El tramo autonómico de la tasa puede suponer un gasto adicional de 1.200 euros al año (200.000 pesetas) por cada vehículo y resulta muy difícil trasladar al cliente la subida de los costes de producción, por lo que Fenadismer reclamó soluciones.
Entre ellas, Osorio se mostró dispuesto a que la Comunidad adopte medidas compensatorias, como la devolución del impuesto o la apertura de líneas de ayudas específicas para el sector. Sin embargo, los transportistas consideraron insuficientes estas propuestas.
