La Comisión Europea ha dado luz verde a los 3.000 euros de ayudas que se incluyen en el denominado PERTE español o, dicho de otro modo, el proyecto que ha mandado el Gobierno español al Ejecutivo de Bruselas en el que se incluyen un conjunto de numerosas medidas para una transformación profunda del actual tejido automovilístico empresarial de nuestro país.
El también denominado como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el vehículo eléctrico y conectado será financiado por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Desde Bruselas se argumenta que las ayudas incluidas en el PERTE español estarán destinadas a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de la implementación de otra serie de medidas y actuaciones que protegerán el medio ambiente y potenciarán la eficiencia energética de las diferentes empresas gracias al mayor uso de vehículos eléctricos y conectados.
Para el periodo 2021-2023, la inversión prevista total en el PERTE español estará dotada de 24.000 millones de euros y su convocatoria se publicará de forma oficial antes de que acabe este año. Según los cálculos del Ejecutivo español, en ese montante total de 24.000 millones de euros se incluirán 4.300 millones de inversión pública/estatal, a los que habría que unir los restantes de 19.700 millones de euros que se movilizarían a través de inversiones privadas.
Las ayudas se concederán a través de subvenciones directas o a través de préstamos con unas condiciones favorables. A ellas podrán acceder empresas tanto españolas como extranjeras. Dichas empresas deberán estar relacionadas directa o indirectamente con el vehículo eléctrico y conectado y al menos un 40 por ciento de dichas compañías deberán ser PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas).
Tanto el Ejecutivo comunitario como el de nuestro propio país ya han reaccionado a la aprobación del PERTE. En el caso de la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ésta ha afirmado lo siguiente: “Este plan español de 3.000 millones de euros contribuirá a hacer posible una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo”. Por su parte, desde el Gobierno español ha sido la propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la que ha valorado de forma muy positiva la aprobación de este proyecto: “Este proyecto es una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un proyecto tractor que refuerce la industria de automoción en todo el país”.
¿PAGAS DEMASIADO POR TU SEGURO? ENTRA EN NUESTRO COMPARADOR Y AHORRA YA
Según las estimaciones realizadas por el Gobierno español, la puesta en marcha del PERTE podría generar alrededor de unos 140.000 empleos y su aportación al PIB se situaría entre el 1 y el 1,7 por ciento. Otras previsiones a corto plazo del Ejecutivo de nuestro país apuntan a alrededor de 250.000 vehículos eléctricos matriculados en 2023 y hasta un total de 110.000 puntos de recarga repartidos por toda la geografía española.
