A juicio del ejecutivo central, la Comunidad de Madrid se había excedido en sus competencias al adjudicar y hacer públicos los contratos de consultoría y asistencia de los proyectos sobre estas dos carreteras, calificadas de interés general. El Constitucional ha dado así la razón al Gobierno.Es el segundo conflicto de competencias sobre las obras de la R-1 y la M-50 que el TC resuelve a favor del Estado. El primero, contra las convocatorias de los concursos de consultoría y asistencia de los proyectos, fue admitido a trámite el pasado 4 de abril y, como consecuencia, se determinó la paralización de las obras durante cinco meses.La concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid pretende instalar un sistema GPS y una terminal de pago (TPV) en los taxis para evitar el fraude a los usuarios. El plan consiste en conectar un dispositivo de control por satélite al taxímetro y al TPV, de modo que, durante todo el trayecto, desde el inicio de la carrera hasta el final, las coordenadas de la ubicación en cada momento del taxi quedan fijadas exactamente. A continuación, el usuario procede al pago del trayecto con tarjeta de crédito y recibe un ticket en el que queda reflejado el trayecto seguido y el precio. Así, si el cliente cree que ha sido estafado, bien porque considera que se ha aplicado una tarifa elevada, bien porque entiende que el taxista ha seguido un recorrido largo, dispondrá de un documento con el que efectuar una denuncia.Al margen de la posible estafa, el sistema de control por satélite permitirá controlar la recogida de viajeros fuera de las paradas destinadas a tal efecto.El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid correrán con los gastos de instalación tanto del GPS (ya utilizado en algunos taxis por motivos de seguridad) como de la terminal de pago. El objetivo es que en cinco años toda la flota de taxis cuente con el sistema.No obstante, antes, la ley del Taxi, de 1998, deberá ser modificada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha criticado duramente las subidas de las tarifas de la grúa municipal. Según su portavoz, Trinidad Jiménez, se han incrementado un 57 por ciento en sólo tres años. Jiménez ha calificado la subida de “incomprensible", ya que no ha significado una mejora del servicio; al contrario, es una muestra más del “afán recaudatorio del alcalde".
El Ayuntamiento se defiende alegando que, desde 1996, no se había producido una subida de la tasa de grúa municipal.
En estos momentos, retirar un vehículo de un depósito municipal cuesta 132,6 euros. Además, el dueño debe abonar una tarifa de 1,75 euros por cada hora que su automóvil pase en las cocheras municipales.
