La celebración de esta asamblea está pendiente de un recurso judicial presentado por un grupo de socios que solicitan la suspensión del acto, hasta que no se celebre una asamblea previa, también extraordinaria, de carácter electoral.
Según las fuentes consultadas por EFE promotoras de esta acción, el juez adoptará una decisión definitiva mañana, lunes, víspera de la asamblea extraordinaria.
Si esta propuesta de escisión y venta prosperase, el RACE perdería el negocio de asistencia al automovilista, aunque sobre el papel mantendría el 51 % de las acciones de ARC Europe, la compañía gestora de los grandes contratos de asistencia europeos.
El RACE solo gestionaría el área social conformada por el club deportivo, el circuito del Jarama y la Fundación.
Desde la convocatoria de esta asamblea extraordinaria para la escisión del RACE, la tensión entre las distintas tendencias de los socios propietarios ha ido en aumento.
Por una parte, un grupo de socios, cuyas figuras más representativas son los ex presidentes Juan Luis Huidobro y Javier Gullón, han mostrado su frontal oposición a esta venta de la división empresarial del club y alegan que se trata de una operación promovida por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), que podría hacerse con estos activos del RACE por un precio de 50 millones de euros, muy inferior a su valor real.
De otra parte, la actual junta directiva, presidida por Ramón García Moliner, junto a otros socios que, distintas fuentes sitúan en el área de influencia de otro ex presidente, Fernando Falcó, se posicionan en favor de la venta.
En el seno de esta junta directiva también se han producido disensiones, pues el consejero Ignacio Carbonell ha presentado su dimisión por desacuerdo manifiesto con esta operación.
En una carta, a la que ha tenido acceso EFE, alega que el riesgo fiscal de la operación propuesta por la actual directiva es 'enorme', al definir la operación como de escisión y venta, ya que, entiende, que la revalorización del complejo deportivo y del circuito generaría unos impuestos de unos 200 millones de euros, cuando la operación es de 50 millones.
En el asunto han entrado hasta sindicatos como CCOO y la CSI, quienes temen que este contencioso derive en un recorte del empleo del club, tras el anterior ejecutado sobre 200 trabajadores.
En este sentido, CCOO considera el propósito de la actual directiva como un 'acto de deslealtad' hacia los empleados que han contribuido fielmente al crecimiento del club, a los socios propietarios y hacia la sociedad en general.
