Desde que la primera petrolera del país anunciara en la noche del jueves un aumento de cuatro pesetas en todos sus surtidores, no han parado de producirse reacciones de todo tipo: desde la indignación de los consumidores al alivio de los distribuidores.
El PSOE ha querido recoger el sentir del ciudadano de a pie. Por eso trata de denunciar lo que considera un pacto secreto entre Gobierno y petroleras: suben los precios cuando el efecto de la subida sea menos lesivo para la imagen del Ejecutivo.
Además, Jesús Caldera asegura que esta modificación de las tarifas impide la competencia y castiga a las familias españolas.
En la misma línea del PSOE se han manifestado la Unión de Consumidores de España y la Organización de Consumidores y Usuarios. En un comunicado conjunto, ambas organizaciones acusan a las compañías de haber contenido sus tarifas hasta el fin de las protestas sociales, dando tiempo así a que el Gobierno firmase pactos que aplacasen las iras de los colectivos en huelga. "En apenas una semana de diferencia, las compañías petroleras se cobran el favor", sentencia la nota de prensa.
El primero en responder a estas acusaciones ha sido Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del Grupo Popular. El encarecimiento "no se soluciona con posiciones demagógicas", asegura. En la línea marcada por el Ejecutivo, el portavoz del partido se aferró a la apertura de la competencia como única solución a la crisis.
Desde el Gobierno, dos ministros han salido rápidamente a calmar los ánimos. El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, aseguró esta mañana en Valladolid que la subida de los precios y su efecto sobre la inflación no lastrarán la "solidez" de la economía española.
Aparicio calificó de "mala noticia" la decisión de Repsol, y señaló que llega por circunstancias ajenas a la propia economía nacional, como son el
El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, ha recordado los pactos firmados a principios de mes y ha dejado claro que no puede haber protestas cada vez que se mueven los precios. Cabanillas también explicó que el 90 por ciento del gasóleo no pasa por los surtidores de las estaciones de servicio, sino que se sirve en pedidos directos, cuyas tarifas no se han modificado.
Repsol se ha defendido de las críticas con un comunicado emparentado con los argumentos de Pío Cabanillas. Los portavoces de la petrolera apuntan que sólo ha subido de precio el 13 por ciento del gasóleo que venden, puesto que el resto se sirve directamente a consumos propios.
Anfac, preocupada por la situación
Entre las docenas de reacciones airadas que se han producido a lo largo del día, sobre todo de parte de agricultores y pescadores, destaca una por su calado: la de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac. Las marcas reclaman "decisiones serias" por parte del Gobierno y las empresas.
Su director técnico, Miguel Aguilar, ha hecho pública la preocupación de la industria automovilística con la escalada de precios. Una escalada que, según Aguilar, ensombrece la buena marcha de la economía española, lo que tiene consecuencias directas en el sector porque encarece el uso del automóvil". El mercado automovilístico es la segunda industria del país, por detrás del turismo, pero está sujeta a márgenes de rentabilidad muy bajos, con lo que cualquier alteración del ambiente económico puede afectarla negativamente.
Satisfacción entre los distribuidores
No todo han sido malas caras ante la subida de precios. La Plataforma de Defensa de la Competencia, que agrupa a gasolineras independientes, pequeñas petroleras y distribuidores de gasóleo, está satisfecha. Al menos en parte, porque aún quieren que las tarifas suban más. Para estos colectivos, la política de contención de precios de las grandes operadoras resultaba asfixiante. Las grandes podían vender barato gracias a los beneficios que logran del refino y la explotación. El resto de miembros del mercado no tienen estas actividades, con lo que el precio del petróleo están hundiendo sus márgenes comerciales. En los últimos días habían anunciado movilizaciones contra Repsol, Cepsa y BP si no repercutían sus precios y aliviaban la carga de las pequeñas empresas del sector. Ahora, con más calma, se replantean estas movilizaciones.
Claro que alguien ocupará su lugar en las protestas, aunque con signo bien distinto. La Plataforma de Consumidores de Combustible, corazón de las últimas protestas y manifestaciones, ya ha anunciado que estudia nuevas movilizaciones de lucha contra los altos precios. Insisten en reclamar una rebaja del impuesto de hidrocarburos al mínimo legal.
Por su parte, varias agrupaciones de agricultores y algunas cofradías de pescadores han declarado papel mojado los pactos del cuatro de octubre y han vuelto a las protestas. La COAG, que no firmó nada, sigue adelante con sus manifestaciones y parte de la flota pesquera está amarrada a puerto, en huelga.
