'Queremos pedir un esfuerzo a la compañía en un plan industrial, no sólo hablar de bajada temporal de salarios o incremento de jornada, si no de garantizar el futuro de la producción en España', ha recalcado Colunga.
La pasada semana concluyó sin acuerdo el periodo de consultas abierto para negociar la propuesta de ArcelorMittal de descolgarse del convenio marco de la multinacional siderúrgica, que conlleva un ahorro del 20 % en costes salariales.
El descuelgue del convenio marco, una posibilidad incorporada en la última reforma laboral, contempla aplicar las tablas salariales de 2008 lo que supondría un recorte salarial de entre el 10 y el 13 %, además de un incremento de la jornada laboral de doce días al año y la congelación salarial para los tres próximos años.
La alternativa planteada por los sindicatos incluye la flexibilización de algunos aspectos de la jornada laboral así como un recorte salarial ligado a objetivos, la congelación de los sueldos el próximo año y subidas del 1,5 y del 3 % en los dos ejercicios posteriores.
El director general ha participado hoy en la inauguración del III Congreso de Mantenimiento Industrial que organiza la Cámara de Comercio en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.
Colunga ha indicado que comparte con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la satisfacción por el crecimiento de Renault en el país, pero no el diagnóstico de que ello se deba a los primeros resultados de la última reforma laboral.
No obstante, sí ha considerado que la pujanza del sector del automóvil 'es una buena noticia que repercute directamente en ArcelorMittal en Asturias' dado que se incrementarán los pedidos de acero a las plantas siderúrgicas de Avilés y Gijón.
Colunga ha asegurado que está en contacto 'diario y constante' con la compañía y ha negado que tenga base el anuncio de USO de que se estaría barajando despedir a 3.500 trabajadores porque 'significaría perder casi el 50 % de la actividad'.
También se ha referido el director general de Industria a la nueva tarifa eléctrica, que permitirá atenuar el coste energético que pagan compañías de gran consumo como Alcoa, Azsa o ArcelorMittal, en la confianza de que llevará el visto bueno de la Unión Europea 'aunque todavía no hay nada definitivo'.
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