El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el Proyecto de Ley del Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos, que se aplicará a partir de agosto para financiar el plan integral de calidad de la sanidad.
El Ejecutivo madrileño, que dirige Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido desatender las advertencias del Centro Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES), que, a través de un informe, señalaban el riesgo, si el proyecto se llevaba a cabo, de un posible aumento de la presión fiscal sobre el usuario final, además de un mal control de la inflación y un menor crecimiento de empleo.
Una vez tomada la decisión, el Consejo de Gobierno aprovechó para solicitar una sesión extraordinaria de la Asamblea que permita iniciar la tramitación de la norma. El objetivo del organismo es que la reunión se celebre antes de final de mes, para así poder aplicar la nueva tasa en agosto.
El consejero de Presidencia, Manuel Cobo, ha señalado que, pese a las críticas recibidas, "éste es el modelo de financiación de la sanidad que han aprobado todas las comunidades, independientemente de su color político". El propio consejero añadió que la aprobación del proyecto supone un ejercicio de responsabilidad política, "porque lo cómodo hubiera sido hacerlo tras las elecciones y no arriesgarse a perder votos".
Continúa la polémica
La polémica sobre la aplicación del nuevo impuesto de la gasolina no sólo no cesa, sino que aumenta con el transcurso de los días. El pasado 28 de junio, la Comunidad de Madrid, adelantándose al resto de autonomías, señaló que en otoño se aplicaría el impuesto autonómico sobre los carburantes.
A pesar de las fuertes críticas recibidas, desde la consejería de Hacienda se afirmó fervientemente que los consumidores no notarían el incremento de los precios.
Sin embargo, el pasado día 11 de julio, el CES hizo público un informe oficial, en el que desaconsejaba la subida en el impuesto de la gasolina por considerarla inoportuna e injusta. La controversia estaba nuevamente servida.
