El Gobierno prohibirá a Repsol abrir gasolineras en cinco años

Tan drástica medida, que afecta sobre todo a Repsol-YPF y a Cepsa, tiene como propósito liberalizar el sector y permitir que nuevas compañías operadoras entren en el mercado. Un Decreto-Ley obliga desde ahora a paralizar durante cinco años la ampliación de su red a las compañías que tengan más del 30 por ciento de la cuota del mercado. Si tienen entre el 15 y el 30 por ciento, deberán esperar tres años.
Las dos grandes compañías suman casi el 65 por ciento de la red española de gasolineras. Repsol controla el 45 por ciento y Cepsa, aproximadamente, el 20, con lo que sólo tendrá que esperar un trienio.
Está por ver cómo afectará esta noticia a una compañía como Repsol, que tiene sus estaciones divididas en tres marcas: Repsol, Campsa y Petronor. Es posible que el desglose de cada una de ellas esté por debajo del 15 por ciento en al menos las dos últimas, con lo que podrían quedarse fuera de la nueva normativa. Quizá el Gobierno desarrolle lo suficiente el texto legal como para que la medida afecte al grupo de forma global.
Desde la primera compañía del país, su presidente, Alfonso Cortina, ha hecho unas declaraciones oficiales en las que da la bienvenida a las nuevas disposiciones del Ejecutivo y señala que contribuirán a estimular la liberalización del sector, proceso que, recuerdan desde Repsol, se inició hace una década. Portavoces de la petrolera aseguran que no habrá comentarios a la restricción de nuevas construcciones, al menos hasta que el texto legal no esté publicado, pues aún no se conoce su contenido. Cortina también se congratula por lo que considera el fin de la incertidumbre que ha reinado en el sector en las últimas semanas.
Rodrigo Rato, ministro de Economía, fue el encargado de presentar esta decisión tras el final del Consejo de Ministros celebrado en la mañana de hoy, viernes 23 de junio. Rato señaló que esta decisión es "históricamente muy importante". Añadió que "viene a modificar los efectos más nocivos de la herencia del sistema de privatización del monopolio de petróleos en España".
Abrir a nuevos actores el capital de la Compañía Logística de Hidrocarburos, monopolizadora de la distribución de combustibles, es otra de las decisiones que ha tomado el Gobierno. En concreto, los actuales accionistas de la Compañía Logística deberán reducir su participación hasta controlar como mucho el 45 por ciento del capital y ninguna petrolera podrá tener más del 25 por ciento de sus acciones.
Desde esta empresa, su presidente, Miguel Boyer, asegura que le parece bien la medida, pero no cree que sirva para que bajen los precios. Según Boyer, el coste de transportar un litro de gasolina a través de sus redes de 0,3 pesetas, mientras que ese mismo litro en el surtidor puede costar 140. Para el ex ministro, lo que abarataría los precios sería un aumento de la capacidad de almacenamiento de las petroleras y de las refinerías españolas.
Otras novedades legislativas hechas públicas por Rato se refieren a establecer controles sobre posibles pactos para fijar los precios de los combustibles. Además, se fomentará la instalación de gasolineras en los supermercados.
El Ejecutivo también ha aprobado medidas aperturistas para otros sectores estratégicos, como la electricidad y la telefonía. Ante todas estas medidas, no se han hecho esperar las reacciones de los diferentes grupos políticos. Una de las más virulentas ha sido la de Izquierda Unida. Su diputado Gaspar Llamazares ha afirmado que las medidas liberalizadoras del Gobierno "suponen aplicar un trágala a la mayoría de sectores del país". Llamazares considera que el Ejecutivo vuelve a los "decretazos" para favorecer a los oligopolios privados que él mismo ha establecido en las principales áreas económicas del país.
Pide el diputado de IU que el Gobierno se apriete el cinturón en lugar de pedírselo a los ciudadanos. Además, le recuerda que investigue los posibles acuerdos entre compañías petrolíferas para concertar los precios.
Por otra parte, en el panorama internacional, los precios del petróleo se mantienen en niveles demasiado altos, pese a la decisión de la Opep de producir más crudo. Según la mayor parte de las compañías productoras internacionales, el incremento de la Opep no va a ser suficiente para que bajen los precios.