A pesar de que ni Gobierno ni Oposición sacaron ayer a relucir el tema de las infraestructuras en el Congreso de los Diputados, durante la celeberación del debate sobre los Presupuestos Generales de 2004, el Estado aumentará el año que viene considerablemente su partida destinada al Ministerio de Fomento.Así lo reflejan, al menos, las cifras de gasto público anunciadas por la Administración central. Según el texto aprobado para el período 2004, la inversión en infraestructuras de todo el territorio nacional ascenderá hasta los 8.000 millones de euros, lo que significa un incremento en la partida del 6,4 por ciento, respecto al año 2003. Dentro de este apartado, destaca –sobre todo- el incremento del presupuesto destinado a carreteras, un 10 por ciento superior al del pasado ejercicio.En concreto, el Estado invertirá en la red viaria cerca de 3.000 millones de euros, aportando casi 2.300 para la creación de nuevas carreteras y unos 700.000 para los gastos de conservación y explotación de infraestructuras ya existentes. De esta forma, el Gobierno espera poner fin a las voces que durante todo el año le han acusado de deteriorar las infraestructuras del país a costa del ansiado “déficit cero".Sin embargo, no todas las partidas relacionadas con el transporte recibirán un aumento en sus inversiones. Las subveciones a los servicios de transporte de interés público, por ejemplo, disminuirán hasta un 12 por ciento, en comparación con los datos de este año. El descenso de esta dotación se justifica, según el ejecutivo, por la partida destinada a la compensación de las concesionarias de autopistas.El Congreso de los Diputados sigue sin establecer un debate serio sobre la alta siniestralidad que registran a diario nuestras carreteras. Bien es cierto que el aumento de la partida destinada a infraestructuras es una primera medida importante (sobre todo para mejorar la red viaria nacional), pero tampoco es falso que existe un alarmante silencio institucional al respecto. Ayer, sin ir más lejos, este tema no salió a escena en ninguna de las intervenciones que se sucedieron en la Cámara. Gobierno y Oposición discutieron sobre las consecuencias de las partidas destinadas a Empleo, Seguridad, Vivienda o I D. Sin embargo, nadie puso sobre la mesa el tema de la siniestralidad, que deja cada fin de semana en las carreteras un auténtico reguero de víctimas mortales. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha lanzado una voz de alarma sobre la financiación para la mejora del transporte público de la ciudad y su área metropolitana. Según el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, la Ciudad Condal se encuentra en una clara situación de discriminación respecto a Madrid, ya que reciben “un 67 por ciento menos de inversión que la capital". “Tenemos un servicio de calidad, pero no hay dinero suficiente para mejorarlo, y la cantidad en extensión del servicio de Madrid es muy superior", añadió Casas. Además, la demora por parte del Gobierno central en la firma del contrato programa 2002-2005 (el instrumento que regula las inversiones de las tres administraciones y subvenciona los déficits de explotación) ha agravado los problemas para mejorar los servicios y renovar las líneas de transporte.Por otra parte, desde el PSOE se ha señalado que el superavit en 2003 de la Administración Fiscal, cifrado en 3.500 millones de euros, ha de cubrir una serie de “necesidades sociales", que se concretan en diez prioridades de gasto.
El mantenimiento de las carreteras es una de ellas y, según el portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, debería recibir una partida de 300 millones de euros. El resto de este superavit debería ser destinado, entre otros, a la creación de escuelas infantiles, a fomentar la I D, a mejorar las fuerzas de seguridad y la Justicia para combatir la delincuencia y para mantener la red ferroviaria.
