El Gobierno andaluz se basa en el acuerdo suscrito con la compañía y los trabajadores en 2005, que se concretó en un plan industrial. El consejero de Presidencia, Gaspas Zarrías, resaltó que, ya que Delphi ha recibido las ayudas que solicitó a la Junta de Andalucía, ha incumplido un compromiso en virtud del cual la fábrica debería continuar su proceso productivo hasta 2010, año tras el que estudiarán qué actuaciones se podrían llevar a cabo.Zarrías calificó el cierre de Delphi Puerto Real como «absolutamente ilegal» y añadió que recurrirá a «todos los procedimientos» que la ley le permita para que la multinacional de componentes de automoción «no se ría de Andalucía ni del dinero público andaluz» y para que, sobre todo, «no sean los trabajadores los que paguen el pato de una mala gestión y administración de la empresa». Añadió que el Ejecutivo andaluz «va a obligar» mediante todos los medios a su alcance a que «cumpla con sus obligaciones y con la Ley vigente en nuestro país, por muy internacional que sea y por muy norteamericana que sea». La factoría de Delphi en Puerto Real, creada en 1981, dedicada a la fabricación de componentes del automóvil, ha recibido a lo largo de estos años más de 60 millones de euros en ayudas públicas, según datos que obran en poder tanto del Ministerio de Industria como de la Junta de Andalucía, subvenciones que ya no es posible recuperar según fuentes ministeriales. Éstas fueron concedidas a cargo de diversos instrumentos y mecanismos de apoyo estatales y autonómicos. En estos momentos, están tramitándose ayudas por importe de casi 14 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía congeladas desde el anuncio del cierre de la factoría. El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, por su parte, ha exigido al presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, que el tema central de la reunión que mantenga mañana martes con José Luis Rodríguez Zapatero sean las 5.000 familias de Delphi. «Yo le exijo al señor Chaves que el tema central de esa conversación sean esas 5.000 familias que se pueden quedar en la calle, tras el anuncio del cierre de la fábrica», ha puntualizado.Y en este gran conflicto, también tiene algo que decir el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Éste ha asegurado que «ninguno de los 1.600 trabajadores de la planta quedará abandonado a su suerte», ya que el Gobierno está estudiando diversas medidas para garantizar el empleo. «Aunque la autoridad competente es la Junta de Andalucía, el Gobierno de la nación ha dispuesto un grupo de trabajo encabezado por el secretario general de Empleo y el secretario de Estado de Industria para analizar a fondo la situación y estudiar las medidas a poner en marcha». Según Caldera, la prioridad ahora es «garantizar el empleo e intentar impedir la desaparición de la empresa», para lo cual aseguró que «también se buscarán posibles compradores que puedan mantener la actividad».Los sindicatos han convocado «una gran manifestación» para el próximo jueves día 1 de marzo, con el fin de protestar contra el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real. Los sindicatos de UGT y CC.OO. han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía de la Bahía de Cádiz para que se sumen a la manifestación, convocada como colofón a todas las concentraciones y acciones de protesta que se vienen produciendo día a día desde que la multinacional estadounidense anunciara el cierre. Los miembros del comité de empresa han decidido no abandonar la fábrica hasta que la dirección decida «sentarse a negociar» la situación de Delphi en España.
El cierre de Delphi es ''absolutamente ilegal''
La Junta de Andalucía exigirá a Delphi que mantenga el compromiso de continuar con su actividad en la factoría de Puerto Real hasta 2010, tras el anuncio de cierre de la fábrica en la que trabajan 1.675 empleados. Los sindicatos preparan una manifestación para el próximo jueves.
