De Guindos aboga por una "evolución prudente" del reglamento de distribución

El secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, Luis de Guindos, abogó por una "evolución prudente" del reglamento de distribución de automóviles que prepara el comisario europeo de la Competencia, Mario Monti.

La polémica en torno al nuevo reglamento de distribución de coches en la Unión Europea propuesto por Mario Monti, en el que se contempla la existencia de concesionarios multimarca y la flexibilización del vínculo entre ventas y servicios posventa (lo que dará lugar, según la Comisión Europea, a una mayor posibilidad de elección y a unos precios más competitivos), sigue provocando declaraciones de todos los sectores implicados.

Así, Luis de Guindos, secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, defendió ayer una evolución de los sistemas de distribución del automóvil, además de pedir a las asociaciones de fabricantes (Anfac), importadores (Aniacam) y concesionarios (Faconauto) que "no adopten posiciones numantinas contra cualquier modificación".

Sin embargo, De Guindos admitió que en España hay una verdadera competencia en la venta de vehículos, algo "evidente", según señaló, pues "cuando una familia se va a comprar un coche y ya se ha decidido por un modelo, acude a tres o cuatro concesionarios para evaluar las ofertas. Si hiciéramos una encuesta entre las empresas, creo que saldría una situación bastante aceptable", añadió.

El alto cargo del Ministerio de Economía (quien aseguró que, en su opinión, el nuevo reglamento no mejorará el sistema de distribución que existe actualmente en nuestro país), negó que el Gobierno español haya mantenido una postura tibia en el proceso previo a la aprobación de la nueva normativa. "La posición española en el procedimiento ha sido muy inteligente y no hemos montado la bronca", aseguró De Guindos, en clara alusión a las protestas de Alemania, cuyo papel en el proceso negociador que se abre a partir de ahora "no va a tener mucha credibilidad". Por el contrario, la postura española –gracias a su prudencia en los análisis previos- se va reforzar desde los puntos de vista de la "liberalización y de la defensa de los consumidores", afirmó.

Las propuestas de nuestro país ante Bruselas se resumen, según el secretario general de Política Económica, en las posibles mejoras que se puedan introducir en la cláusula de localización y la relación de los servicios de venta y posventa. "Vamos a defender que se pueda mantener la cláusula de localización (zona o territorio acotado para la venta) durante un período transitorio para facilitar las amortizaciones que requiere la apertura de un negocio como éste", indicó De Guindos.

El alto cargo del Ministerio de Economía también subrayó que aún es pronto para valorar si una de las consecuencias del nuevo reglamento en España será un encarecimiento de los coches, tal como se ha pronosticado desde distintas actividades del sector automovilístico, aunque apuntó que las diferencias de precios entre unos países y otros "tienen mucho más que ver con los impuestos".

Monti recibe el apoyo de los consumidores
Por otra parte, la Organización Europea de Consumidores (OEUC), mostró ayer al comisario europeo de la Competencia, Mario Monti, su apoyo al proyecto realizado por el Ejecutivo comunitario para establecer el nuevo sistema de distribución y atención posventa de los automóviles, que comenzará a funcionar en octubre.

Monti se reunió con varios representantes de esta organización, quienes expresaron su conformidad con las recientes propuestas de la Comisión, que, a su juicio, "introducen una mayor competencia en el sector del automóvil".

Sin embargo, la OEUC se mostró preocupada por el mantenimiento de los sistemas exclusivos de distribución, que –en su opinión- "permitirán a los fabricantes de automóviles controlar de cerca los puntos de venta, impidiendo así una competencia de precios efectiva".

El Ejecutivo comunitario ha abierto un período de consultas sobre el proyecto. Durante este tiempo, todas las partes interesadas pueden ofrecer sus opiniones y propuestas acerca de la nueva normativa antes de que se haga efectiva.