“La Comunidad de Madrid ha sobrepasado el ámbito que le corresponde, vulnerando las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de carreteras". Así lo considera el Gobierno central, según la referencia del Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende llevar al Tribunal Constitucional el conflicto sobre la autopista de peaje R-1 y sobre el último tramo de la M-50.Esta batalla ya ha tenido varios capítulos; el último se escribió el 23 de febrero, cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que las carreteras cuyo itinerario transcurre íntegramente dentro de su territorio son de competencia regional. El equipo de Aguirre respondía así al requerimiento del Ejecutivo central, que había pedido a la Comunidad que abandonara la idea de construir estas vías, ya que no tenía atribuidas estas obras, según recoge el diario “El País".La consejera de Transportes e Infraestructuras de la comunidad, María Dolores de Cospedal, dijo entonces que “no estaba acreditada la intención del Estado" de ejecutar estas dos obras. Para asumir su competencia, el Gobierno de Rodríguez Zapatero debería haber declarado expresamente el interés general de las carreteras, algo que, al parecer, ocurrió en 2003, mediante la publicación de un Real Decreto.La decisión del Consejo de Ministros está basada en la creencia de que “aún subsisten los fundamentos jurídicos que motivaron la formulación del requerimiento". Ahora, los servicios jurídicos del Estado deben presentar el conflicto positivo de competencia antes del jueves. Antes de conocer estos detalles, De Cospedal anunció que, mientras el Tribunal Constitucional no ordenara a la consejería “la suspensión o paralización de cualquiera de los procedimientos", continuaría con las obras. Llegar a estos extremos, en cualquier caso, sería “sorprendente", según la consejera.Ésta también ha explicado que la declaración de impacto ambiental de la R-1 estará lista en 15 días y que los proyectos de la radial de peaje y de la M-50 están actualmente en fase de redacción. “Queda un mes para su adjudicación", ha añadido De Cospedal. Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Gobierno central puede solicitar la suspensión de la convocatoria de estos concursos.Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros, De Cospedal ha declarado que “el Ministerio de Fomento falta a la palabra dada". Al parecer, Fomento se comprometió a estudiar el marco jurídico que regula el procedimiento para adjudicar una autopista de peaje. Asimismo, anunció que permitiría la radial si la ley le permitía a su vez asumir la declaración de impacto medioambiental del Gobierno de Madrid como si hubiera sido elaborada por Medio Ambiente.De Cospedal también ha recordado que Fomento se opone a la construcción del último tramo de la vía de circunvalación M-50, que cerraría este anillo en su zona norte. Al parecer, el secretario de Estado, Víctor Morlán, ha anunciado que no quiere “saber nada del túnel bajo el monte de El Pardo que planea la Comunidad de Madrid". Morlán también ha señalado que el Ministerio de Fomento tiene un proyecto alternativo a la M-50 que conectará la A-1, la A-6 y la A-5 con un trazado que no perforará el monte, según recoge “El País".Aguirre, al conocer este anunció, ha declarado que Madrid cerrará la M-50 “aunque tenga que cambiar el nombre y poner el de M-45". Otra de las obras que pretende efectuar Aguirre en una carretera madrileña acaba de tropezar con un nuevo escollo: 168 científicos han denunciado ante la Unión Europea los daños medioambientales que causaría convertir la M-501 (conocida como la “Carretera de los Pantanos") en una autovía. “Se va a actuar contra uno de los ecosistemas más valiosos, no sólo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España", según Emilio Virgós, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Los investigadores, según señala “El País", han firmado un manifiesto contra el proyecto de autovía. En el texto hay duras críticas contra la política medioambiental de Aguirre: “la conversión de esta carretera en autovía no debe realizarse. Tampoco es una solución intentar mitigar los daños que va a provocar con medidas compensatorias (como un plan de protección para el águila imperial o la reforestación de especies autóctonas). Es paradójico que el Gobierno regional denomine ‘carretera ecológica’ a la nueva vía", añaden.Ante estos argumentos, la consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que “la autovía es una antigua petición de los alcaldes de la zona y reducirá la alta siniestralidad de la carretera". Los ecologistas, que ya han denunciado esta reforma, han acusado a Aguirre de “emplear los muertos en accidentes de tráfico" para legitimar una actuación “especulativa". Por su parte, la presidenta ha restado importancia a estos argumentos: “No veo razón por la que ensanchar una carretera que ya existe sea atentar contra el medio ambiente", ha señalado.El PP de Galicia ha acusado al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, de “intento deliberado de engaño, faltando a la verdad, para ocultar la afrenta a la que se ha sometido a Galicia durante dos años de Gobierno socialista en Madrid". Al parecer, el dirigente del PSOE afirmó que, durante ese bienio, se han licitado más tramos de autovía del Cantábrico que en los ocho anteriores de Gobierno del PP. Según los populares gallegos, “Blanco debería documentarse antes de efectuar declaraciones públicas. El Partido Popular licitó en sólo cinco meses tres tramos de la Autovía del Cantábrico, mientras que el actual Gobierno socialista ha licitado tres tramos en dos años", señalan.
Continúa el pulso por la M-50 y la R-1
El pulso que mantienen Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el Gobierno central por la realización de la R-1 y el cierre de la M-50 sigue su curso. Ahora, el Consejo de Ministros ha decidido plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, Aguirre ya tramita la construcción de estas vías.
