En un comunicado, la organización ha apuntado que el derecho a la defensa de los conductores frente a la administración, tanto a lo largo de la tramitación del expediente sancionador como, en su caso, del expediente de apremio, sigue siendo un derecho para el que no se exige pago de tasas.
Los conductores igualmente están exentos del pago cuando los recursos se interponen, ya en vía ejecutiva, frente a los órganos administrativos encargados de la recaudación, como frente a los tribunales económico-administrativos, los cuales no forman parte de la Administración de Justicia.
Sin embargo, el Comisariado Europeo del Automóvil ha mencionado que si el denunciado en vía administrativa no ha conseguido la anulación de la sanción, tiene el derecho de acudir ante lo contencioso-administrativo, donde sí deberá pagar una tasa.
En este último caso, la tasa puede incluso devolverse al conductor, si en el procedimiento judicial, el juzgado dicta una sentencia estimando el recurso y condena en costas a la administración demandada.
Con todo, CEA ha rechazado la subida de tasas judiciales al crear una 'auténtica barrera de entrada' a la Justicia para los ciudadanos, ya que, ha agregado, desanima a muchos conductores a hacer uso de la Justicia, lo que se traduce en un recorte real de derechos y garantías.
