Máximo Blanco, secretario federal de Automoción de CC.OO., ha afirmado que el motivo principal para tomar esta decisión es la falta de garantías. Hasta el momento, ninguna de las siete empresas que han entrado en las líneas de negocio del fabricante ofrece garantías laborales o industriales.
Blanco añadió que aún quedan "muchos aspectos pendientes de definir", como los acuerdos corporativos en los que se incluyen los compromisos de desarrollo industrial, las inversiones previstas, los plazos de tiempo y los costes de suministros. "Aunque puedan decir que estos datos son confidenciales, se trata de referencias básicas para conocer el futuro de las empresas que pretenden instalarse en Santana", aseguró Blanco.
Además, todavía hay dos empresas (las dedicadas a utillaje y soldadura) que no se han dado a conocer. Éstas son las compañías que el sindicato considera más importantes, ya que aglutinarán a un elevado número de trabajadores.
Ante esta situación, la sección sindical de Comisiones Obreras, mayoritaria en el comité de empresa, ha decidido pedir una reunión de este órgano de representación, con el fin de comprobar "si UGT está en esta misma sintonía" y así poder reivindicar a la Junta que se retome el proceso de privatización de las trece líneas de negocio.
Blanco afirmó que, tal y como se están presentando estas empresas, la privatización "podría ser muy poco atractiva para los trabajadores", de ahí que desde CC.OO. se quiera reconducir el proceso con la Junta de Andalucía, accionista mayoritaria de Santana Motor.