Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, recibió multitud de críticas hace apenas unos meses cuando se opuso a que la Fiscalía Anticorrupción se querellase contra Repsol YPF y Cepsa por un supuesto pacto de los precios. Cardenal entendía que no había indicio de delito en la actuación de ambas petroleras. Unos meses antes, el Tribunal de la Defensa de la Competencia tampoco había detectado ninguna infracción punible.
Ahora, el fiscal general del Estado ha autorizado al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, a encargarse de la investigación de la querella presentada contra Repsol YPF y Cepsa por la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que acusa a ambas de pactar los precios de los carburantes.
Según fuentes fiscales, la semana pasada, Jiménez Villarejo solicitaba a Cardenal asumir en nombre de la Fiscalia la investigación del caso, algo a lo que ha accedido el fiscal general.
La Plataforma querellante está integrada por transportistas, agricultores y consumidores, y acusa a las empresas integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos de alterar el precio de los productos petrolíferos y evitar, con ello, la libre competencia.
El portavoz de esta Plataforma y secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), se ha mostrado muy satisfecho con la decisión de Cardenal: "Nos alegramos de que España vuelva a tener un fiscal general del Estado".
