Los 24 kilómetros de autopista que unirán Ávila con Villacastín serán inaugurados hoy por José María Aznar. La nueva infraestructura ha necesitado la construcción de tres viaductos –con el fin de salvar los accidentes geográficos- y en su trayecto se han instalado 19 parejas de postes de socorro, 10 paneles de señalización variable, una estación meteorológica y más de 40 kilómetros de fibra óptica.
El presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, manifestó ayer la importancia que tendrá esta vía en "el desarrollo económico de la región", al mejorar las comunicaciones. Asimismo, subrayó que la A-51, en la que se han invertido 90 millones de euros (14.975 millones de pesetas), tendrá las tarifas de utilización más bajas del territorio nacional.
Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para silenciar las protestas de la Plataforma Sierra de Segovia y CC.OO. de Ávila, asociaciones que denunciaron, hace dos años, irregularidades en la concesión de esta infraestructura. "Aznar inaugura una autopista adjudicada ilegalmente", afirman.
La empresa Iberpistas recibió el encargo de construir la A-51 en 1999. Este ramal y el que aún se encuentra en obras –que unirá San Rafael con Segovia- sustituyeron a dos autovías (en las que no hay que pagar por su uso) que se encontraban en la fase final de proyecto.
Posteriormente, la adjudicación se amplió con infraestructuras que no estaban en el paquete original –como áreas de peaje o carriles adicionales-, con lo que Iberpistas (según asegura la nota de prensa de CC.OO. de Ávila) obtuvo un aumento del presupuesto y la extensión del plazo de concesión de la A-6 –que debería finalizar en 2018- durante otros 32 años.
Estas irregularidades fueron admitidas a trámite por la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, que envió al Gobierno español un Dictamen Motivado el 18 de julio. En él, apuntaba que se había constatado una violación del Derecho Comunitario. Bruselas pidió al Ejecutivo de Aznar que se ajustara a la legalidad establecida en el plazo de dos meses, algo que no ha hecho el Ministerio de Fomento, por lo que España puede ser llevada ante el Tribunal de Justicia europeo.
En opinión de los denunciantes, el presidente del Gobierno inaugura hoy un sistema que "pretende ser generalizado". El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, anunció en su momento que la concesión a Iberpistas innovaba radicalmente el modelo jurídico de adjudicaciones, desde la estrategia de transferir al sector privado la iniciativa en la financiación y desarrollo de infraestructuras. El proyecto de Ley de Concesiones, que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, "recoge las 'innovaciones' que definen este 'prototipo experimental' de adjudicación", afirma la Plataforma Sierra de Segovia.
