Durante estas Navidades hemos conocido varias noticias relacionadas con el mundo de las carreras ilegales de coches, por lo que hemos decidido investigar hasta qué punto éste es un problema en nuestro país. Y sólo nos ha hecho falta hacer una rápida búsqueda para comprobar que este tipo de actividad está muy extendida dentro de nuestras fronteras.
Desde Galicia a Mallorca, pasando por Burgos, Madrid y Valencia. En apenas un mes hemos encontrado informaciones que hablaban de la lucha que está llevando a cabo la policía para frenar las carreras ilegales y evitar molestias a los vecinos donde éstas se realizan.
Los esfuerzos de la policía para perseguir estas competiciones ilegales han limitado la aparición de éstas a la noche y barrios casi vacíos o polígonos industriales. Tal y como leemos en un reportaje de Vice, un habitual asistente confirma que las carreras eran una constante en el barrio sevillano de Tablada, incluso de día, pero que la muerte de un niño de nueve años llevó a la policía y a la Guardia Civil a intensificar su vigilancia.
Desde entonces, su actuación queda limitada a la zona universitaria de la ciudad y no se desarrollan competiciones organizadas, propiamente dicho, si no que las carreras se suelen limitar a piques ocasionales fomentados en un ambiente de botellón, donde el alcohol tiene mucho que ver a la hora de animar a los conductores, así como a derrapes o circular en zig-zag.
Algo similar sucede últimamente en Burgos, donde la policía ha estrenado un radar para controlar estas concentraciones pero en las que aseguran que su influencia ha limitado las competiciones propiamente dichas. El nuevo sistema de vigilancia de velocidad permitirá controlar mediante láser la conducción en ambos sentidos de la carretera, lo que ha hecho disminuir notablemente una problemática que había crecido en el polígono burgalés de Villalonquéjar.
El desembolso en el nuevo radar, que puede ser montado en vehículos, en trípodes y controlado a distancia, ya ha dado los primeros resultados. Y es que, además, de reducirse este tipo de concentraciones, se han multado a más de un centenar de personas por superar los límites de velocidad cuando se dirigían a dichas competiciones.
No sólo Burgos ha tomado medidas para reducir el número de carreras ilegales en su municipio. En Elche también han conseguido dar un duro golpe a la organización de estas actividades, con penas de prisión de entre seis meses y dos años de cárcel a una banda, formada por seis miembros, que se jactaba en youtube y en polegas.com (página web ya deshabilitada) de competir en este tipo de carreras.
Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, el juzgado que ha llevado el caso ha impuesto sanciones por actividades que, si bien estaban relacionadas con conducción temeraria, en la mayoría de los casos se trataban de acciones tales como derrapar o conducir en zig-zag. Todo ello sin dejar de lado que también existían carreras de aceleración que han terminado con la retirada del carnet de conducir de dos a tres años para los seis acusados, así como el decomiso de dos de los vehículos utilizados.
La planificación y el desarrollo urbanístico que ha vivido España desde antes de la burbuja inmobiliaria también tiene mucho que ver con la proliferación de las carreras ilegales. Los competidores suelen buscar avenidas amplias de dos o tres carriles por las que apenas circule gente y los lugares abundan. Las exageradas vías con las que se han salpicado las zonas de nueva construcción favorecen el problema. De esta manera, las competiciones han abandonado en parte los polígonos industriales para aprovechar las anchas avenidas de lugares como el Ensanche de Vallecas, en Madrid.
Para tratar de poner freno a las actividades, los ayuntamientos no sólo confían en la actividad de la policía. Los resaltos han ido proliferando en estas zonas, con el objetivo de evitar que se puedan alcanzar grandes velocidades. Y en O Campiño, Pontevedra, han llegado a modificar la mediana y las zonas aledañas con un nuevo paso peatonal que dificulte el alcanzar altas velocidades a través de un estrechamiento de la calzada.
Los talleres ilegales de coches, de nuevo en el punto de mira
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