Aunque no alude directamente a prácticas ilícitas, el Tribunal de Cuentas asegura que los 500 millones de euros invertidos por la Jefatura Central de Tráfico en materia de seguridad vial en 2002 han estado acompañados por incumplimiento de normas contables, desvíos presupuestos sin explicar, gestión opaca o ausencia de indicadores que avalen la eficacia de los planes acometidos con ese dinero.El organismo, encargado de fiscalizar los recursos y la gestión de los mismos por parte de las instituciones que forman la Administración del Estado, encontró estas irregularidades en una auditoría realizada a la Dirección General de Tráfico en el periodo en el que Carlos Muñoz Repiso era responsable de la misma. Ahora, tras las alegaciones pertinentes realizadas por el actual director general de Tráfico, Pere Navarro, el Tribunal de Cuentas ha concluido de manera similar y ha remitido un informe sobre el asunto al Congreso y al Senado.Según los auditores, el principal problema se deriva de la presentación de la información contable por parte de Tráfico que no obedece a ninguna pauta haciendo prácticamente imposible tener una visión razonada sobre la idoneidad o no de las partidas presupuestarias destinadas a Tráfico. Así, pone como ejemplo, entre otros, la adquisición de 401 alcoholímetros en 2002 cuyo precio por unidad, según la información proporcionada por Tráfico, podría variar entre 728 y 9.000 euros. También existen problemas con fechas y precios de adquisición: en ningún lugar figura el día de compra y el coste de 173 unidades de radares. Otros 23 cinemómetros costaron cerca de un millón de euros, tarifa final que no puede ser comprobada de ningún modo. Los inventarios de bienes es otra de las carencias en que incurre la DGT al no existir listas coherentes o completas. A juicio del Tribunal de Cuentas, el problema radica en la coexistencia de DGT y de JCT. Este solapamiento en responsabilidades y ámbitos de actuación es el que ha dado lugar a anomalías e imperfecciones en la gestión de recursos destinados a la seguridad vial, pero también a situaciones ilógicas, como demuestra el hecho de que “el director de la DGT firma, en ocasiones como director general de la JCT, sin que exista este órgano máximo de dirección ni su titular", recoge el informe.Por ello, el organismo ha exigido al Ministerio de Interior que tome medidas para regularizar esta situación. Mientras eso ocurre, ha conminado a Tráfico a que implante las soluciones necesarias para mejorar su gestión de recursos y evitar que se reproduzcan estas situaciones anómalas en lo sucesivo. Entre ellas, las más importantes son la agilización de la realización de los inventarios de bienes y de su comprobación física, “especialmente, los puestos a disposición de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil", y el establecimiento de un sistema de seguimiento de los fines buscados en seguridad vial y que justifican todos los programas y las campañas de la DGT. Este último aspecto tiene una importancia fundamental, dado que la asignación de recursos por parte del Estado a Seguridad Vial ha crecido en un 45 por ciento en los últimos 4 años, fundamentalmente, por la implantación del carné por puntos, la inversión en elementos de control (radares, cámaras, equipos informáticos, etc.) y el aluvión de programas de fomento de la utilización de los elementos de seguridad en el vehículo y de otras campañas informativas.
Anomalías en la gestión de recursos de Tráfico
El Tribunal de Cuentas del estado español ha detectado presuntas irregularidades en la gestión de recursos por parte de la Dirección General de Trafíco y de la Jefatura Central de Tráfico durante el año 2002. El organismo fiscalizador ya ha enviado un informe a las Cámaras en el que señala estas anomalías.
