A partir del 1 de enero, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se hace efectiva y no hay posibilidad de reclamación. Además, con el nuevo año, hay que recalcular los precios para asumir la subida del IPC. Eso sí, ahora cabe preguntarse quién debe hacer frente a esta subida, que podría disparar el precio de algunos peajes en cerca de un 20 por ciento.
El Gobierno no quiere que el incremento recaiga en los usuarios, sino en las concesionarias, a las que ha ofrecido una prórroga en el tiempo de explotación de las vías de pago. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ya ha traslado esta petición a Aseta (Asociación de Empresas Concesionarias), pero todavía no hay una respuesta definitiva.
Eso sí, la oposición y diversos grupos sociales ya han contestado a nuestro Ejecutivo: según afirman la medida es "inaceptable". Además, en algunos casos, tampoco es viable. Los marcos reguladores cambian según las distintas Comunidades Autónomas (en el caso de Cataluña es la Generalitat la que tiene competencia sobre muchas de estas vías) y algunas autopistas ya tiene un plazo muy largo de concesiones.
Otras posibilidades
Las principales críticas han llegado desde Cataluña. Según Iniciativa per Catalunya (IC-V), la medida apuntada por el Ejecutivo es "un gesto demagógico". Esquerra Republicana (ERC) ha llegado más lejos y ha declarado que se trata de "un nuevo atraco a los catalanes".
Estos dos grupos políticos han recordado los beneficios millonarios que ya acaparan las empresas concesionarias, que, de firmar el acuerdo, también verían aumentados sus derechos.
Eso sí, también hay otras alternativas: según IC-V, se debería apostar por un rescate parcial o total de las vías y establecerse un nuevo sistema de concesión, con un precio base por kilómetro. Por su parte, los grupos antipeajes catalanes encuadrados en la "Declaració de Gélida" han pedido que se revise el convenio que permitió alargar las concesiones a ACESA (una sociedad de concesionarias participada por la Caixa) de 2006 a 2021, ya que, según aseguran, no estaba basado en cifras reales, sino en las facilitadas por la propia concesionaria. Así, como afirman, se han desviado ingresos por un valor de más de 12.000 millones de pesetas, una cantidad que sólo podrá compensarse con la reducción del precio de los peajes o el recorte del periodo de concesión.
