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El 46% de los detenidos, menor de 35 años

El 46 por ciento de los conductores que han sido condenados por infringir las normas de seguridad vial desde la reforma del Código Penal de diciembre de 2007 hasta diciembre de 2010 son menores de 35 años, según un estudio elaborado por la Universidad Internacional Valenciana (VIU).
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El 46% de los detenidos, menor de 35 años

En este periodo se han dictado más de 275.000 condenas por delitos contra la seguridad vial, de las que un 60 por ciento ha sido por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y un 37 por ciento por conducir sin permiso.

Del resto, un 1,7 por ciento ha tenido como causa la conducción temeraria, un 1 por ciento la velocidad excesiva y un 0,2 se ha debido a una conducción con desprecio manifiesto a la vida.

De los condenados por conducir bajo la influencia del alcohol, el 66 por ciento es menor de 45 años, mientras que el 53 por ciento de los condenados por exceso de velocidad tiene también menos de 45 años, y es menor de 35 años el 66 por ciento de los condenados por conducir sin carné.

Este estudio ha valorado la función del permiso por puntos por su "carácter punitivo y dimensión reeducadora" y ha contabilizado que, desde su entrada en vigor desde 2006, unos 108.000 conductores perdieron su permiso de conducir por la retirada de todos sus puntos, de los que 80.000 acudieron a cursos de recuperación.

En este mismo periodo, se han registrado más de cuatro millones de conductores sancionados, de los que el 31 por ciento está entre los 25 y los 34 años, el 25 por ciento entre 35 y 44, el 18 por ciento entre 45 y 54; el 10 por ciento entre 55 y 64, y solo el 4 por ciento supera los 65 años.

Ocho de cada diez conductores que son sancionados con pérdida de puntos son hombres, según el informe, que añade que de los cuatro millones de sanciones firmes, un 48 por ciento son por exceso de velocidad, mientras que conducir sin cinturón, circular bajo la influencia del alcohol y usar el móvil representan el 33 por ciento de las infracciones sancionadas.

El estudio propone una reforma de la legislación que suponga un endurecimiento de las penas, nuevas figuras penales y la posibilidad de imponer trabajos en beneficio de la comunidad para disuadir a los conductores que comprometan la seguridad de los demás. 

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