Muchos conductores que hacen uso de apps que avisan de los controles policiales, como Waze o Social Drive, podrían dejar de hacerlo. Los Mossos d’Esquadra han emitido una queja, según ha informado la Cadena Ser y, ante el vacío legal existente, han instado a Google España para que retiren estas aplicaciones de Google Play.
Según la policía autonómica catalana, estas apps desvirtúan y dificultan el trabajo policial. Y es que si bien, en principio, su uso se centra en los controles de velocidad o de alcoholemia que los cuerpos de seguridad ubican en las carreteras, éste también puede extenderse a actividades que atentan contra la seguridad nacional, como por ejemplo los controles antiterroristas.
A día de hoy, las mencionadas aplicaciones, Waze o Social Drive siguen disponibles en Google Play y iTunes y son gratuitas. Muchos conductores valoran notablemente su utilidad, ya que operan como navegador GPS y cuentan con numerosas funciones como buscador de las gasolineras más baratas, informan del estado del tráfico en tiempo real etc.
¿Qué dice la Ley?
Por el momento, la regulación existente no recoge que sea ilegal que una app avise de controles policiales. Y hasta que el Ministerio del Interior se pronuncie e incluya una normativa que ampare esta tecnología, así será.
Más allá del marco legal de las apps, también surge la duda de si es delito o no que los conductores avisen de ubicación de radares o controles a otros usuarios a través del móvil, ya sea llamando o por mensajería tipo What’s App. Según informa la Automovilistas Europeos Asociados (AEA), es completamente legal siempre y cuando esta información se obtenga de la observación personal. Es decir: si voy conduciendo y me encuentro con un control, no incurriría en falta alguna al avisar a un amigo o familiar de la ubicación del mismo. No obstante, sí es ilegal cuando esa información de obtiene mediante actos ilícitos, como pinchar un teléfono o hackear una base de datos, y se hace pública.
Es el caso del conductor detenido el pasado verano en Pontevedra, noticia que, en un principio, hizo saltar las alarmas porque se entendió de forma generalizada que había cometido un delito por avisar de la ubicación de radares móviles utilizando What’s App. Sin embargo, en realidad lo que ocurría es que este ciudadano había conseguido una lista con la ubicación futura de controles de velocidad, por lo que faltó a la legalidad por ‘revelación de secretos’.