Ha nacido el radar a comisión. Una nueva fórmula que confirma sin pudor eso a lo que la gran parte de conductores denuncian como recaudación. Por el momento, son dos localidades de la provincia de Barcelona, Mollet y Montgat, las que hacen uso de este tipo de dispositivos de control de velocidad. Pero la idea podría extenderse a otros municipios, ya que esta ‘revolucionaria’ metodología supone un alivio económico notable para las administraciones.
Su funcionamiento es sencillo: una empresa, en este caso Bilbomática, se encarga de disponer los controles de velocidad y de semáforos, además de hacerse cargo de su mantenimiento. A cambio, un tercio de la recaudación derivada de las sanciones va por su bolsillo, mientras que el 70 por ciento restante va para el ayuntamiento. Las ventajas para la administración son evidentes: se ahorran los costes de los dispositivos y su mantenimiento, mientras que siguen recibiendo el dinero de las multas.
¿Reducir accidentes o recaudar?
Huelga decir que el problema de este tipo de radares, al ser dispuestos por una empresa privada, no tiene otro objetivo que sacar el máximo dinero posible. Rentabilidad y beneficios es la meta de cualquier entidad que se precie. Así lo demuestran las cifras: en sólo nueve meses, el Consistorio de Montgat ha superado la previsión de ingreso anual de 190.000 euros. Aunque parece que irá a más ya que, en el contrato de adjudicación, se estipuló que el ayuntamiento deberá pagar a cuenta de las comisiones a Bilbomática 996.000 euros netos en cuatro años.
Esto nos lleva directamente a dónde están ubicados estos dispositivos, así como los controles de semáforo que multan si se pasa el mismo en rojo. En el caso de Montgat, varios dispositivos están colocados en el Camí Ral, tramo de la antigua N-II a su paso por esta ciudad y en el que en tres años ha habido un total de 40 accidentes de tráfico con 45 heridos leves y un único grave. Por su parte, en Mollet los radares y controles de semáforos se ubican por diferentes puntos de la ciudad, como es el caso de avenida de Rívoli, donde se registra únicamente la muerte de una mujer por atropello hace cinco años. Si estamos hablando de reducir la siniestralidad, parece que los dispositivos no están en el lugar adecuado…
La efectividad de estos controladores de velocidad dispuestos por Bilbomática es letal, aunque no es tan rigurosa su señalización. Así, los conductores que tienden a circular por la zona donde están ubicados son propensos a recibir varias multas en cortos periodos de tiempo. Uno de los vecinos, según publica La Vanguardia, asegura que conoce a gente que ha sido multada dos veces en el intervalo de dos minutos. Lo mismo ocurre con las cámaras de los semáforos de Mollet, los ciudadanos denuncian que la luz cambia enseguida de ámbar a rojo, por lo que no da tiempo a pasar. Así, los conductores tienden a estar más pendientes a los semáforos que a lo que ocurre en la carretera, e incluso a pisar el acelerador cuando está en verde el mismo, por miedo a que se ponga en rojo, ya que la luz en ámbar ha pasado a ser casi inexistente.
¿Y qué dicen los ayuntamientos?
El consistorio niega que estos dispositivos tengan afán recaudatorio, ya que están colocados estratégicamente en sitios susceptibles de mayor siniestralidad. Una afirmación que va en contra de la palabra de los vecinos y las estadísticas. También niegan que los semáforos sanciones en ámbar e invitan a los conductores a que ‘acudan a la oficina de atención al ciudadano y vean las filmaciones’.
Y aunque en estos meses se han llevado a cabo dos campañas de recogida de firmas producto de la indignación ciudadana, los ayuntamientos se niegan a dar marcha atrás. Y es que el contrato de adjudicación les obliga a pasar una prima importante, casi un millón de euros, a Bilbomática y su recisión supondría una importante indemnización a la empresa. Un dinero que el Ayuntamiento ni puede, ni está dispuesto a asumir. En otras palabras: no hay vuelta atrás.
Por su parte, el Servei Català de Tránsit, aunque asegura no promover los radares a comisión, argumenta que el cien por cien de lo recaudado por las administraciones se reinvierte íntegramente en seguridad vial.
