Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica en funciones, ha ligado la disrupción que suponen los coches eléctricos a «la oportunidad de repensar la movilidad». La aparición de los eléctricos, en palabras de Ribera, «supone un cambio estructural en el uso de la energía, pero también de la convivencia». Para la ministra en funciones, en la eclosión de las ventas de estos coches —que, según sus estimaciones, podrían ser de un millón en 2026 y ocho en 2040—tendrá mucho que ver la paridad de precio entre los vehículos eléctricos y los térmicos que se espera se logre entre 2022 y 2025. La sustitución de los motores de combustión «será a un ritmo estable, sin cataclismos, pero las energías alternativas se acelerarán».
Los retos del coche eléctrico
Teresa Ribera abrió el acto organizado por el grupo PRISA y patrocinado por Endesa y Jaguar-Land Rover sobre «Los retos del coche eléctrico». En su intervención, atribuyó al coche eléctrico el potencial de crear 3.000 puestos de trabajo netos en España por su influencia en la cadena de valor: fabricación, componentes, infraestructuras de recarga, flotas… Con una traducción en beneficios de 560 millones de euros de aquí a 2030, debido a esa transformación del parque de vehículos hacia la electrificación. La ministra también destacó los servicios de movilidad como uno de los nuevos negocios que están incorporando los fabricantes de vehículos.
Teresa Ribera reiteró su compromiso con la descarbonizacíón y atribuyó a la calidad del aire más de 30.000 muertes prematuras en España. Recordó, así mismo, que en 2050, para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea, se deberá haber finalizado ese camino hacia la dependencia de los combustibles fósiles, con un hito intermedio como es, en 2040, la venta de los últimos coches con motores térmicos.
Las medidas del Gobierno
Entre las medidas llevadas a cabo por el gobierno para apoyar el desarrollo del vehículo eléctrico, Ribera recordó la promoción de una red de recarga, los beneficios fiscales, la incorporación de zonas de bajas emisiones a las ciudades con más de 50.000 habitantes o la ley de movilidad sostenible, que incluye la financiación de transporte público. También la eliminación de los gestores de recarga o el plan Moves promovido por el IDAE y que ha dotado con 45 millones la creación de infraestructura y ha subvencionado la compra de vehículos eléctricos. Recordó el compromiso de su ministerio en llevar adelante un geoportal en el que se ubiquen los puntos de recarga, tal como exige la normativa europea; así como que cuente con información sobre los precios de recarga y el impulso que debe hacerse para facilitar la recualificación profesional y formación de cara a la electrificación.
Reiteró, finalmente, que «España está comprometida con la calidad del aire, la cualificación profesional y logística» que se liga al vehículo eléctrico y el papel de éste en el avance hacia un mundo desarrollado.
Estímulos para la compra
Por su parte, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones también intervino en una mesa redonda dentro del mismo acto, junto con José Bogas, consejero delegado de Endesa; y Luis Antonio Ruiz, presidente y consejero delegado de Jaguar Land Rover. En concreto, Maroto señaló que «hace un año el debate sobre el vehículo eléctrico no estaba sobre la mesa y ahora, gracias al gobierno socialista, está en la agenda. El compromiso está en crear las condiciones para el estímulo a la compra y el acompañamiento a la industria, que debe invertir en sus plantas, en la formación para que las 17 plantas que tenemos y en todo el entramado de componentes, conformado por más de 1.000 empresas, y en que los concesionarios puedan adaptarse a la electrificación. La movilidad, o es sostenible o no habrá movilidad. Y el sector del automóvil tiene que adaptarse ordenadamente».
Recordó el plan de estímulos, reconociendo que «estamos gestionando un presupuesto prorrogado y 45 millones son muy pocos. Además, con la territorialización de esos estímulos se pierde eficiencia, pues se realiza por asignación per cápita y no por el volumen de ventas que podría tener cada comunidad autónoma». Maroto puso sobre la mesa un plan aún más ambicioso, pero con dificultades para su ejecución. «Con 2.600 millones, de los que 600 serían para el achatarramiento y con finalización en 2024. Pero no podemos ahora desarrollarlo, para lo que habrá que esperar a que haya un gobierno estable. La descarbonización no estaba en los presupuestos de 2018 y entendemos que necesitamos un plan estable a largo plazo con un horizonte común. La ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima creo que podemos cumplirla con presupuestos que acompañen».
El problema de las baterías
La ministra recordó el viaje que semanas atrás realizó a China en busca de socios con los que sentar las bases para la instalación de una fábrica de baterías en España que suministre a las plantas nacionales «Estamos trabajando en ello. Firmamos un acuerdo de colaboración con el que crear a corto plazo esas plantas en España. Así, los fabricantes de vehículos ensamblarán lo que el mercado exija. Teniendo en cuenta que un porcentaje muy alto de lo que producimos lo exportamos, un 60 por ciento, Europa recibirá esas baterías. En el marco de la Alianza Europea de las Baterías también queremos desarrollar nuestra propia tecnología. Creemos que a corto plazo necesitamos una o dos fábricas, cuya implantación supone inversiones muy caras, pero nuestra voluntad es que España, en el marco de Europa y en donde somos una gran potencia industrial, tenga su propia tecnología. Necesitamos esta tecnología de baterías europea para que otros no decidan por nosotros».
Maroto también realizó un discurso con el que cerró el evento y en el que reiteró que, en relación a la eliminación de Madrid Central, «España tiene compromisos internacionales que cumplir y que los ciudadanos exigen».
También expresó su convencimiento de que España está preparada para la transición hacia el coche eléctrico. «Debemos hacerlo. Y hacerlo de forma ordenada. La industria del automóvil está muy comprometida con la descarbonización y, aún durante un tiempo, han de convivir los motores de combustión con los de energías alternativas».
En el reconocimiento de los retos a los que nos enfrentamos, y sobre la necesidad de contar con esa producción de baterías en suelo español, la ministra de Industria hizo mención a la autonomía. «Es un reto, pero no será una limitación». También identificó el coste de producción como uno de los desafíos para el desarrollo de las ventas de los coches eléctricos, si bien «la reducción del precio de las baterías y las ayudas a la compra colaborarán en que dejen de serlo».
La recarga es imprescindible
En cuanto a las infraestructuras de recarga, reconoció que «la disponibilidad de una red de recarga pública es imprescindible. Y en ese ámbito hemos trabajado en la eliminación del gestor de recarga y con el Plan Moves, así como el geoportal con su ubicación».
En el plano legislativo, Maroto hizo mención a la necesidad de una ley de movilidad que acompañe la transformación; en tanto que el Plan Nacional de Energía y Clima presentado el pasado mes de marzo marca las exigencias en cuanto a la implantación de biocarburantes y energías renovables. «Nuestro objetivo es contar con actores destacados en toda la cadena de valor. Creo que podemos coger el tren de las baterías. Tenemos que desarrollar las de estado sólido y hacerlo en el marco de la Alianza».
«Queremos reiterar nuestro compromiso con la industria del automóvil. Podemos encarar desafíos con la transición y eso nos va a permitir mantener el papel del sector en la generación de riqueza», finalizó.
