La Defensora del Pueblo se ha referido al envío de multas por correo ordinario por parte de la DGT en su último informe anual. Soledad Becerril ha pedido a la DGT que el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, que son los encargados de procesar todas las multas captadas por los radares de nuestro país, deje de enviar las notificaciones de dichas sanciones por correo ordinario. Según la Defensora del Pueblo, esta práctica vulnera la ley, que dice que las infracciones de tráfico deberán ser enviadas por cualquier medio que dé constancia de la recepción.
Sin embargo, Soledad Becerril no propone ninguna solución al respecto – ¿por whatsapp?, ¿por correo electrónico?– en un tema que, según su informe, ha sido una de las quejas más frecuentes que ha recibido a lo largo del pasado año 2015 en materia de tráfico. La Dirección General de Tráfico, sin embargo, ha indicado que dichas notificaciones se vienen realizando según la normativa.
Notificaciones en castellano en Catalunya
Una queja recibida por la Defensora del Pueblo ha sido la inexistencia de una página web en castellano por parte del Servei Català de Trànsit, para lo que se ha solicitado la correspondiente versión en el idioma castellano.
Otros problemas que destaca el informe de la Defensora del Pueblo
En el informe de 2015, la Defensora del Pueblo también destaca el escaso uso por parte los ciudadanos de la Dirección Electrónica Vial (DEV), por lo que pide a la DGT que considere realizar una campaña de publicidad de este mecanismo, de cara a que la ciudadanía conozca su existencia.
Los retrasos en la contestación de los órganos sancionadores a los recursos de reposición de las multas han sido otra de las quejas más comunes el año pasado. En algunos casos, estos retrasos llegan a los cinco años, por lo que se pide el respeto escrupuloso de los plazos en el procedimiento sancionador.
Otra solicitud que realiza Soledad Becerril en su informe es la de un régimen sancionador estricto de cara a reducir las cifras de siniestralidad en las carreteras, estableciendo así una función disuasoria para no quebrantar las normas, a pesar de que muchos conductores se quejan del elevado importe de las multas.
Por último, y entre otros problemas destacados en el informe de la Defensora del Pueblo, destaca la queja de un ciudadano que decía que los agentes de tráfico de la Guardia Civil tenían impuestos en realizar 50 sanciones al mes para no perder un porcentaje de su nómina. Tráfico desmintió esta práctica.
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