La Comisión Europea podrá imponer pruebas a los vehículos en condiciones reales de conducción en carretera, con el fin de medir con más precisión las emisiones contaminantes que generan y evitar que pueda repetirse el trucaje de los motores Diesel de Volkswagen. Así queda reflejado en el segundo paquete de medidas legislativas más restrictivas aprobadas por el Consejo de la Unión Europea con la finalidad que los fabricantes de los automóviles cumplan estrictamente con todos los requisitos de seguridad de la Unión Europea, tanto medioambientales como de producción.
En Alemania, el ministro de transportes Alexander Dobrindt, ya ha dado luz verde a estos “controles antidopaje”, como lo ha definido él mismo en la entrevista realizada para la revista Bild am Sonntag, que serán realizados al azar y sin previo aviso. Además, ha anunciado la construcción de nuevos bancos de pruebas en el Ministerio Federal de Transporte (KBA) con la finalidad de “restaurar la confianza tras el escándalo Volkswagen en la industria automotriz”.
La controversia ha llegado a la hora de fijar los límites de emisiones de los coches en circulación. En este sentido, la propuesta comunitaria permite a los vehículos diésel nuevos sometidos a estos test en carretera, hasta finales de 2019, doblar el límite de emisiones contaminantes tolerado en las pruebas de laboratorio. Esto supone un nivel de óxido de nitrógeno de 168 miligramos por kilómetro. A partir de enero de 2020, las emisiones se reducen a un máximo de 120 mg/km.
De la confianza mutua a la desconfianza previa
Hasta ahora, el sistema de homologación de las emisiones se basaba en la confianza mutua: una vez que un coche está certificado en un Estado miembro, puede circular libremente en toda la Unión Europea. Sin embargo, con la aprobación de estas nuevas medidas, no hay cabida a la ‘buena fe’.
En primer lugar, esta vigilancia 'in situ' responde a una necesidad de tener los resultados reales de emisiones en conducción, puesto que se ha demostrado que los test de laboratorio por los que se obtiene la certificación en gases de los nuevos modelos, obtienen unos resultados menores que en conducción real.
Por otro lado, el nuevo reglamento refuerza la independencia y la calidad de las pruebas. La mayoría de los Estados miembros designan a los servicios técnicos que realizarán los test, los cuales son pagados directamente por los fabricantes de automóviles. La Comisión propone modificar el sistema de retribución para evitar estos vínculos financieros, que podrían dar lugar a conflictos de intereses y poner en peligro la veracidad de la prueba. La propuesta también prevé criterios de rendimiento más estrictos para estos servicios técnicos, que deben ser auditados regularmente y de forma independiente para obtener y mantener su designación.
Por último, la posibilidad de imponer multas a los que no cumplan con los requisitos de emisiones exigidos por la comisión, disuadirá a los fabricantes y los servicios técnicos volver a reproducir el escándalo Volkswagen.
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