Si la multa no se comunica bien, se anula

No es la primera ocasión en que el Tribunal Constitucional anula una multa a un infractor porque la denuncia no le ha sido correctamente notificada.

El caso se vuelve a repetir en Madrid. En esta ocasión, un Policía Municipal multó a un coche de empresa por un mal estacionamiento. La denuncia siguió su curso, pero no se notificó a la empresa, porque ésta había cambiado de sede social. Finalmente, la multa fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) y el Ayuntamiento anunció el embargo para hacer frente a la denuncia. Los propietarios de la empresa, que se vieron sorprendidos por esta situación, ya que no había recibido notificación anterior de la multa, pusieron el caso en manos de los tribunales. Después de varias desestimaciones, la empresa recurrió al Tribunal Constitucional.

De nuevo este Alto Tribunal -antes se había pronunciado de similar forma en marzo del pasado año- falló a favor del infractor, asegurando que, como la multa no se había notificado, se le había privado al infractor de su derecho de legítima defensa.

La característica novedosa de este caso es que, según indica el Constitucional, la Administración, en este caso el Ayuntamiento madrileño, tenía la posibilidad de recabar información para remitir la multa al infractor. La actualización de la nueva dirección de la empresa se encontraba en el registro mercantil.

El fallo de esta sentencia sienta de nuevo un importante precedente por el que se podrían llegar a revisar hasta 400.000 denuncias efectuadas por el Consistorio madrileño en similares circunstancias, según los datos facilitados por la Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Si prosperaran los recursos de los expedientes sancionadores, la Casa de Villa de la capital podría dejar de ingresar unos 36 millones de euros. Hace unos días te informábamos en Autopista Online acerca de la intención del Gobierno municipal de Madrid de incrementar el precio de la grúa en la capital. El motivo, según el Ejecutivo, encabezado por Alberto Ruiz Gallardón, era incrementar el número de grúas en la capital y el servicio que éstas prestan a los ciudadanos.

Pues bien, el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), organización dedicada a la defensa de los automovilistas, argumenta que no es lícito que la tasa de la grúa supere con creces el coste real del servicio prestado. Para CEA, es “totalmente improcedente aumentar una tasa en más de un 55 por ciento de un año para otro, tratándo de justificarlo como una lucha contra la indisciplina vial y la necesaria modernización de un servicio supuestamente obsoleto".

CEA apoya sus declaraciones en las leyes de Haciendas Locales y de Tasas y Precios Públicos, que indican que una tasa no puede superar los costes reales del servicio. Muchas empresas de alquiler de vehículos se benefician de la matriculación de sus automóviles en localidades donde el impuesto municipal es mucho más barato que en otras. En la Comunidad de Madrid, la diferencia puede alcanzar hasta el 84 por ciento. De esta forma, consistorios como Robledo de Chavela, Moralzarzal, Colmenar de Arroyo o Aldea del Fresno tienen censos de personas y automóviles difícilmente “creíbles". En ocasiones, se calculan tres coches por cada habitante debido a esta práctica.

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