Se aprueba el nuevo impuesto sobre los carburantes

El Gobierno ha obtenido el suficiente apoyo autonómico para la aprobación del impuesto a la venta minorista de carburantes, gracias a una decisión salomónica. Lo ha dividido en dos partes: una obligatoria y estatal, y otra autonómica y voluntaria. Las seis comunidades socialistas, que votaron en contra, y tres gobernadas por el PP, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla León, no cobrarán el tramo que les corresponde.

Tras una semana de debates y de recesos el nuevo impuesto sobre la venta minorista de carburante ha sido aprobado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, formado por Gobierno y Comunidades Autónomas, dio ayer el visto bueno a la nueva tasa impositiva que grava las gasolinas y que será destinada a la financiación de la Sanidad de las distintas regiones.

Respecto a la propuesta inicial, el Gobierno de Aznar ha tenido que hacer concesiones y dividir el impuesto en dos tramos: uno obligatorio de 4 pesetas por litro, que será recaudado directamente por Hacienda para ser luego transferido a las comunidades autónomas, y otro opcional, también de 4 pesetas, al que cada administración regional podrá recurrir libremente. Este último se aplicará progresivamente en los próximos tres años de la siguiente manera: una subida de 1,6 pesetas en 2002 y de 1,2 en cada uno de los dos siguientes ejercicios fiscales.

La tasa obligatoria de 4 pesetas sobre las estaciones de servicio se aplicará a partir del 1 de enero de 2002. Todo el dinero obtenido se entregará inmediatamente a las comunidades con las competencias de Sanidad transferidas. La medida tendrá carácter retroactivo para aquellas que aún no han asumido esas atribuciones.

El ministro de Economía Hacienda se apuntó un discutido tanto, ya que varias comunidades gobernadas por el PP no tenían muy claro su apoyo al incremento fiscal sobre los carburantes y algunas de ellas han señalado que no cobrarán la parte autonómica. Con esta impopular medida, Hacienda recibirá alrededor de 136.000 millones de pesetas, que, junto a las subidas de alcohol y tabaco, servirá para entregar a las administraciones regionales unos 180.000 millones de pesetas más de los que había prometido en el reciente Acuerdo sobre Financiación Económica.

La imposición fue aprobada con la oposición de las seis comunidades socialistas y la ausencia de los representantes del País Vasco y de Navarra, regiones que, sin embargo, han mostrado su apoyo a la medida. Los gobernantes del PSOE en Castilla La Mancha, Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura y Andalucía anunciaron al término de la votación que no harán uso de su derecho recaudatorio. El presidente de la Junta de Andalucía, Miguel Chaves, criticó las subidas, incluidas las de tabaco y alcohol, como "el retroceso más grave del sistema de bienestar español" y acusó al Gobierno central de tratar de "vincular y responsabilizar a las comunidades" de estos gravámenes simplemente "porque no le salen las cuentas".

Otras tres autonomías, éstas gobernadas por el Partido Popular, también señalaron su negativa a cobrar la parte autonómica del impuesto. Se trata de la Comunidad Valenciana, Castilla León y Murcia, cuyo presidente, Ramón María Valcárcel, fue convencido a última hora para que aceptase la iniciativa de su partido. Aun así, sigue considerando inadecuada la aplicación de un impuesto indirecto para financiar la sanidad autonómica porque, a su juicio, vulnera el principio de "que el que más tiene sea el que más pague".

Por su parte el Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, se mostró igualmente convincente que su vecino, señalando que "la Comunidad Valenciana no va a hacer uso de esas 1,6 pesetas sobre las que tendrá competencia: como mucho, quedará el impuesto general fijado por el Estado".

En la otra cara de la moneda, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, se declaró favorable al incremento, ya que gestionar algunos impuestos indirectos "para financiar nuevas necesidades y reducir determinados consumos excesivos" es "perfectamente normal".

Cataluña, que apoyó la medida con un voto favorable, no se pronunció sobre la aplicación del impuesto autonómico y anunció que lo debatirá con los agentes sociales para determinar sus necesidades financieras, aunque de las palabras del portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Xavier Trías, se colige que la Generalitat está de acuerdo: "es una iniciativa positiva" y, sobre todo, para las regiones, porque "ganan en cuotas de autogobierno".

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