Santana prepara su calendario de protestas ante el posible despido de 451 empleados

La Dirección de la planta de Suzuki en Santana ha presentado un expediente de extinción de empleo para casi medio millar de trabajadores. Las protestas de los sindicatos no se han hecho esperar y hoy mismo fijarán un calendario de actos reivindicativos.

Los trabajadores de la factoría de Santana ubicada en Linares (Jaén) están preparando su calendario de protestas. Los representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT se reunirán en el día de hoy, 8 de octubre, con el fin de concretar las acciones para expresar su rechazo al expediente de extinción de empleos que ha sido presentado a finales de la pasada semana por la empresa.

De hecho, el viernes pasado la Dirección de Santana decidió presentar un expediente de extinción de empleos que afectará a 451 trabajadores. Este casi medio millar de empleados pertenecen a las divisiones que se van a privatizar. La decisión de los dueños de la planta, entre los que se encuentra la Junta de Andalucía como principal accionista (más del 90 por ciento), no ha gustado nada al presidente del Comité de Empresa, Juan Salazar, que se enteró por los medios de comunicación. Salazar ha tildado de "cobarde y poco ética" dicha decisión, ya que el día de antes había estado reunido con la Junta hasta la noche y nadie les había comunicado la presentación del expediente.

Las formas de protesta previstas por estos sindicatos incluyen manifestaciones apoyadas por los vecinos de la comarca; acampadas simbólicas en el Instituto Andaluz de Fomento, en Sevilla, y concentraciones diarias en la planta automovilística o paros simbólicos.

Fuera de estas protestas organizadas, el pasado viernes algunos trabajadores de Santana atacaron la casa del secretario general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco García. La casa de García sufrió rotura de persianas y de la puerta principal, algo que debería hacer que a los sindicalistas se les "cayera la cara de vergüenza", según este político. García ha declarado, no obstante, que no va a presentar ninguna denuncia, pero ha pedido que el 98 por ciento de los trabajadores, que no tienen nada que ver con los incidentes, se hagan con las riendas del asunto y se hagan escuchar en las asambleas con el fin de acabar con el conflicto.

Por otro lado, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha pedido responsabilidad a las partes para el acatamiento del plan de Santana. Según Zarrías, el plan garantiza que se "preserva el empleo", que se "mantienen las rentas de los trabajadores" y que se "redimensiona la factoría para que no haya inconvenientes desde el punto de vista competitivo en la Unión Europea". El consejero ha recordado, además, que el plan costará unos 40.000 millones de pesetas y que, si las partes no actúan de manera responsable, la Unión Europea puede tomar cartas en el asunto y retirar las ayudas. Si se produce esto, el cierre de la factoría de Santana sería un hecho innegable.

Por otro lado, la Junta de Andalucía, que está gobernada por el PSOE y que es la principal accionistas de Santana, acaba de recibir nuevas críticas. El principal partido de la oposición en dicha Junta, el Partido Popular, ya ha elevado sus críticas a este gobierno autonómico a través de la presidenta del PP de Andalucía, Teófila Martínez. Para Martínez, la Junta de Andalucía, "no se puede escaquear de sus responsabilidades". Además, ha comentado que estará "muy pendiente" de esta privatización y que vigilará que "se garanticen en todo momento los puestos de trabajo y la competitividad de la empresa".