¿Ni reducción de velocidad, ni peajes urbanos?

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, pero las dudas sobre la posible reducción de la velocidad máxima en las vías españolas o sobre los peajes urbanos apenas se han aclarado. De momento, parece que no habrá una rebaja de los máximos permitidos, ya que la redacción del proyecto ha cambiado.

RACE examina los “controles inteligentes de velocidad”
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El Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA) puede consultarse en Internet, aunque su redacción ha cambiado hace pocos días. El texto, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, llamaba la atención sobre “otra medida de gran calado que podría provocar importantes reducciones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) a corto plazo: la disminución de la velocidad máxima permitida tanto en la red urbana como interurbana". Ahora, se han suprimido los adjetivos aplicados a la velocidad: su rebaja será estudiada sin cambiar los límites.Así lo ha explicado Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, quien ha insistido en las ventajas que reportará la aminoración de la velocidad del transporte. El impacto positivo de esta medida “no sólo afectará a la emisión de gases de efecto invernadero, sino también a la reducción de la siniestralidad y al incremento de la seguridad", ha precisado.Narbona ha achacado parte de la polémica que han generado estas propuestas a los informes sobre los que se trabajó para presentar el proyecto. Según ha explicado, los textos partían de documentos ya existentes, como el de estrategia de cambio climático, que el gobierno del PP no llegó a aprobar. “Ahí se encuentran, precisamente, las medidas relativas a la tarificación del transporte en las ciudades (el peaje urbano) y a la reducción de los límites de velocidad para los turismos", ha asegurado.La responsable de Medio Ambiente considera que la eventual reducción de los límites se ha sacado de contexto: muchas de las propuestas son “líneas de trabajo". Algunas de ellas se estudiarán como acuerdos con ayuntamientos para promover planes de movilidad, mientras que otras (el fomento de las energías renovables, por ejemplo), son de mayor inmediatez, ya que se refieren a planes existentes.Cuando Narbona habló sobre la posible rebaja de los límites de velocidad, muchos consideraron que se había propuesto sin tener en cuenta a los ministerios implicados en su desarrollo. El responsable de Interior, José Antonio Alonso, se apresuró a explicar que su gabinete no tenía intención de disminuir los máximos permitidos: la divergencia de opiniones parecía clara.Sin embargo, la responsable de Medio Ambiente ha asegurado que el PNA, aprobado como Real Decreto, recoge lo acordado por todos los ministerios implicados en su impulso, de manera “colegiada" y con la “aquiescencia" del ministro del Interior.El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha ahondado un poco más en estas explicaciones. Según afirma, Interior ha preferido que no se adquiera un compromiso concreto en relación con la velocidad máxima permitida, ya que su objetivo y prioridad es hacer cumplir los límites vigentes.

Para alcanzar esta meta se llevará a cabo un mayor control sobre el tráfico y, además, se cuenta con el proyecto del “carné por puntos". “Con toda probabilidad –asegura Aizpiri- esta medida va a suponer un mayor cumplimiento de las normas y, por tanto, una reducción de la velocidad efectiva que hoy alcanzan parte de los vehículos en la carretera". Por otra parte, el Ministerio del Interior valora rebajar los máximos en ciertos entornos urbanos y, para conseguir que estas propuestas maduren, se ha adoptado “una redacción que deja abiertas ambas opciones", según Aizpiri.Los afectados por el PNA han acogido su aprobación con diversidad de opiniones. Casi todos los sectores han afirmado que habrá que esperar para ver sus efectos. Según la ministra de Medio Ambiente, la aplicación del Plan supondrá un coste máximo de 85 millones de euros anuales para los sectores incluidos en la Directiva europea. Este importe, según Narbona, es “perfectamente asumible" por las empresas. Las instalaciones implicadas en el proyecto (1.066 en total) tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar las autorizaciones de emisión a las Comunidades Autónomas y los derechos correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente.Las organizaciones ecologistas han calificado el Plan Nacional de Asignación de Emisiones de “coherente". Emilio Rull, portavoz de Greenpeace, ha asegurado que el proyecto es “realista, pero moderado" y ha afirmado que “marca una senda clara para que España rompa con la tendencia hacia un aumento de las emisiones". Ecologistas en Acción ha declarado que el Plan es “insuficiente", aunque marca “una notable diferencia" con la “inacción" de los gobiernos del PP.

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