Madrid se opone a las ITV urbanas

El cambio legislativo del servicio de Inspección Técnica de Vehículos, ITV, trae consigo una gran polvareda de conflictos y polémicas. El último episodio se ha producido en Madrid y enfrenta al Ayuntamiento con la Comunidad. Dos ITV, una en el casco urbano y otra en Mercamadrid, centran la discusión.

Si la semana pasada decíamos que el conflicto que enfrenta a la concesionaria de ITV Applus con el gobierno catalán entraba por fin en vías de solucionarse, ahora hay que hacer referencia a enfrentamiento que mantienen el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por culpa de sendas estaciones de ITV que no logran todas las autorizaciones que requieren para abrir su puertas.

La discusión viene de lejos, de hace ya más de un año, cuando, Applus , líder del mercado español de la certificación, pidió permiso a la Comunidad de Madrid para abrir una estación de ITV en la zona de Atocha, en pleno corazón de la capital. La Comunidad accedió, pero el consistorio dijo que no daba su consentimiento, puesto que el centro de ITV ocasionaría problemas de ruidos, tráfico y contaminación en una zona de gran densidad de población. La zancadilla municipal no debió de sentar muy bien a la Comunidad y, ahora, esta entidad devuelve el golpe. La Consejería de Industria ha decidido vetar la apertura de una estación de ITV que el Ayuntamiento había bendecido en Mercamadrid, el colosal mercado de abastos, que se sitúa al sur de la ciudad. Alude la Comunidad a un defecto de forma en los trámites: Mercamadrid no es una entidad con capacidad para solicitar una ITV.

El choque entre las administraciones es un capítulo más de los muchos roces que tienen últimamente ambos ejecutivos. Sin embargo, arroja dudas sobre un servicio muy necesario para garantizar la seguridad del parque móvil. Y, lo que es peor, estas dudas llegan en un momento en que el sector camina hacia la liberalización.Hasta ahora, los servicios de ITV eran concesiones otorgadas por las comunidades autónomas. Sin embargo, este régimen debe cambiar para liberalizar el sector y fomentar la competencia. En lugar de conceder la explotación, se autorizará su apertura a aquellas empresas o particulares que reúnan determinadas características.

De momento, en Madrid hay 17 estaciones, de las que 15 funcionan como concesiones y 2 son explotadas por la propia Comunidad. Las primeras concesiones empezarán a vender hacia el año 2008 y, después, pasarán al régimen de autorización. Por su parte, las dos ITV públicas van a ser subastadas entre empresas que cumplan con los requisitos de calidad exigidos.
Todos estos cambios abren un gran abanico de posibilidades y las grandes empresas, como Applus , no quieren estar mal colocadas en la batalla por lograr las autorizaciones y los mejores puestos. Y es en este punto donde se origina el debate entre Comunidad y Ayuntamiento, puesto que el ayuntamiento se muestra reacio a la implantación de las empresas del gremio en la ciudad.
Por su parte, la Asociación de ITV de Madrid tampoco parece muy contenta con la idea y pide que se limite la autorización de nuevas aperturas hasta que venzan las actuales concesiones. Además, se oponen a la apertura de estaciones en el casco urbano, pues, según dicen, empeorarían el tráfico. Recuerdan también que, con las actuales ITV periféricas, el 80 por ciento de los ciudadanos de Madrid sólo tiene que recorrer 10 km para llegar a una ITV.
En este sentido, los concesionarios alertan sobre otro peligro. Hasta ahora, el reparto de estaciones era uniforme y se buscaba dar un servicio universal, cubriendo zonas muy rentables y otras no tanto. Sin embargo, cuando llegue el sistema de autorizaciones, los actuales concesionarios creen que las grandes empresas se van a volcar en las zonas de más población y rentabilidad y, en cambio, dejarán sin servicio a las áreas menos pobladas y más apartadas.