Los gasolineros explican a los consumidores qué pasa con los carteles

Las estaciones de servicio creen que la denuncia de la Unión de Consumidores de España contra ellos por no lucir en sus establecimientos los precios de los carburantes va, al final, en contra de los intereses de los mismos consumidores.

Hace unas semanas, en Autopista Online te informábamos de la postura contraria de los empresarios gasolineros de la Comunidad de Madrid ante el decreto del Gobierno español que obliga a poner carteles con la distancia de la próxima gasolinera y el precio de los carburantes.

La Unión de Consumidores de España, por su parte, ha denunciado ante el Servicio de Defensa de la Competencia a los empresarios de estaciones de servicio, porque no lucen los carteles de los precios, ni los de las distancias a la próxima gasolinera. La UCE argumenta que esta situación implica un "grave perjuicio para los intereses de los consumidores".

Para defenderse, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha presentado un escrito y ha pedido al Gobierno una reunión urgente para aclarar el tema.

El Real Decreto fue aprobado en marzo pasado, pero el 30 de mayo de 2001 el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley para detener la aplicación de la norma. Los motivos que argumentó este grupo político fueron el descontento existente en el sector de los empresarios de estaciones de servicio y la necesidad de entablar conversaciones con todas las partes implicadas en busca de soluciones. Los empresarios gasolineros defienden sus negocios argumentando que colocar en sus propias estaciones de servicio el precio de la competencia es como si las grandes superficies colocaran los precios de los productos de la competencia.

La norma también obliga a estos empresarios a invertir 1.502,53 ¿ (250.000 pesetas) que es más o menos lo que vienen a costar los carteles mencionados.

Por todo ello, la CEEES pide que los consumidores entiendan que la denuncia que han interpuesto ante el Servicio de Defensa de la Competencia no defiende realmente los intereses de los usuarios, sino que "perjudica a todas las partes". El objetivo de esta confederación es que se trabaje en la misma dirección y consultando con todas las partes, por eso ha pedido al Gobierno que se reúna con ellos para tratar de transformar el Real Decreto. El Ejecutivo ya se había comprometido, tras la proposición no de ley presentada por los socialistas, a reunirse con los implicados, pero la cita se ha ido atrasando y aún no se ha celebrado.

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