Las gasolineras madrileñas se quedan "secas"

La Comunidad de Madrid acaba de aprobar la Ley de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, es decir, "la ley antibotellón", que prohibe la venda de alcohol en las gasolineras tanto a mayores como a menores de edad y a todas horas. La polémica está servida.

Hace unas semanas el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos publicaba un estudio acerca de la fatal relación entre el alcohol y la conducción. Según el mencionado estudio, el alcohol y los medicamentos estaban presentes entre un 30 y un 60 por ciento de las muertes en accidente de tráfico en España.

Pues bien, la Comunidad de Madrid, que ya conocía estos datos y comparte las conclusiones del estudio (dirigidas a una reducción del consumo de alcohol al volante), acaba de aprobar una ley para evitar que, entre otros aspectos, se venda alcohol en las gasolineras.

Las estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid ya no venden bebidas alcohólicas en sus establecimientos. Desde el pasado 27 de julio, que entró en vigor la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, más conocida como "ley antibotellón", se ha prohibido que las estaciones de servicio vendan este tipo de producto.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES) se ha expresado el más rotundo rechazo a la nueva norma. Según dicha confederación, este hecho supone, "una vez más, una discriminación del sector de estaciones de servicio", porque se impide que estos establecimientos sigan ofreciendo los servicios completos de la tienda.

Para los empresarios de estaciones de servicio, la "ley antibotellón" y el "céntimo sanitario" son dos problemas que provocan una difícil situación de cara a sus clientes. Por una parte, se verán obligados a incrementar el precio de los combustibles para hacer frente al gravamen que financiará la sanidad pública de la comunidad y, por otra, no ofrecerán a sus usuarios todos los servicios hasta ahora disponibles en sus establecimientos.

Estas protestas no significan, ni mucho menos, que la CEEES no esté a favor del control del consumo de alcohol entre los jóvenes, pero reconoce que "la prohibición de venta en nuestros establecimientos no es la mejor medida". Los argumentos de la confederación se basan en que en cualquier tipo de superficie comercial (supermercados, hipermercados, etc.) los jóvenes pueden comprar este tipo de bebidas.

Ahora la CEEES estudia la posibilidad de pedir que el Gobierno regional madrileño les devuelva un porcentaje del impuesto de actividades económicas que pagaron a comienzos de año. El mencionado gravamen les autorizaba a vender alcohol en sus establecimientos: si ahora se les prohibe esta venta, el impuesto carece de sentido. Esta medida le supondrá al Gobierno de la Comunidad de Madrid, si la lleva a cabo, unos 300 millones de euros (unos 50.000 millones de pesetas), ya que los empresarios de estaciones de servicio han pedido también una indemnización por daños y perjuicios que eleva la mencionada cifra.

Por el momento, todas las estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid han cumplido con la nueva norma y ya no venden alcohol. Si alguna de ellas infringe esta ley, tendrá que hacer frente a una sanción económica de unos 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas).