Las concesiones de las ITV en Cataluña, sin prórroga

La Generalitat ha decidido anular la prórroga de ocho años que el gobierno de CiU otorgó a las concesionarias de las ITV Applus y Revesa en 2003. El actual Gobierno catalán considera que el aumento en el plazo de explotación está injustificado, por lo que ha decidido suprimirlo.

La liberalización de las ITV, fruto de la polémica
La liberalización de las ITV, fruto de la polémica

Hay que remontarse al 22 de septiembre de 2003 para encontrar los orígenes del conflicto que afecta a las concesionarias de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos). En esa fecha, el titular de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo catalán, Antoni Fernández Teixidó amplió hasta el año 2014 la explotación de este servicio, que Applus (del grupo Agbar) y Revesa (Revisión de Vehículos, S.A.) tenían concedida hasta 2006. La medida, anunciada el mismo día que se disolvía el Parlament, causó una gran polémica. La empresa SGS presentó en su momento un recurso administrativo contra la expansión de la concesión. Otras empresas dedicadas a la inspección de vehículos interpusieron la demanda directamente ante el tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cuando cambió la Administración, los ojos se volvieron hacia el pacto para formar el Gobierno tripartito en la zona. Éste incluía el compromiso de revisar las concesiones cuestionadas por los partidos que, el año anterior, estaban en la oposición. ICV anunció que mantendría el recurso judicial hasta que el Ejecutivo catalán adoptara una decisión al respecto, explica “El Periódico de Cataluña". La Generalitat anunció ayer su resolución: el actual titular de Trabajo, Josep María Rañé, confirmó que se estimaba el recurso interpuesto por SGS.Rañé ha justificado esta medida argumentando que la ampliación del plazo de explotación de este servicio era “contraria al ordenamiento jurídico". Además, existe –según señala- “una falta de justificación del equilibrio económico-financiero que debe haber entre la extensión del período de concesión y las nuevas obligaciones impuestas a las concesionarias". Por su parte, el portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, ha comentado que esta decisión contribuye “a la transparencia". Nadal ha insistido en que nunca se ha puesto en entredicho la calidad de los servicios prestados por las concesionarias.La resolución de Rañé está avalada por tres informes: el que elevó la Comisión Jurídica Asesora al anterior Gobierno catalán, el del Gabinete Jurídico Central de la Generalitat y el realizado por un bufete de abogados.Applus y Revesa podrán seguir ejerciendo su actividad hasta julio de 2006 (fecha en la que expiraba el plazo de explotación inicial), pero, evidentemente, han sufrido un perjuicio por el que no recibirán compensación alguna. Así lo ha anunciado Rañé, aunque también ha admitido que las compañías afectadas están en su derecho de acudir a los tribunales. La reacción de Applus no se ha hecho esperar y ayer por la tarde anunció que emprenderá acciones legales contra la Generalitat. Según el comunicado emitido por la entidad, la anulación de la prórroga ha sido recibida “con sorpresa": no entiende la posibilidad de que la ampliación no se ajuste a derecho, ya que “esta modificación del sistema concesional ha sido utilizada en numerosas comunidades autónomas". Entre ellas se encuentran Aragón, Canarias, Galicia y Castilla y León. La compañía “se considera implicada en un cambio de criterio de la Administración del que no es responsable, sino parte perjudicada". Ocho años más de concesión significan un negocio de 548 millones de euros. Según los datos facilitados por Rañé, las concesionarias de la ITV ingresaron el año pasado 50,4 millones de euros, recoge “La Vanguardia".Por otra parte, Applus ha denunciado que la prórroga “no afecta únicamente al canon que el concesionario entrega a la Administración", ya que la empresa “ha llevado a cabo inversiones que estaban indicadas en el contrato y que han sido comunicadas a la Administración en su momento (la falta de acreditación de inversiones ha sido uno de los puntos criticados en los informes). Además, la suspensión de la ampliación provoca otros daños que aún habrá que cuantificar, aunque Applus piensa reclamarlos", afirma el comunicado.La resolución establece la vuelta al sistema de cánones que existía antes de la expansión de la concesión, que el anterior Ejecutivo subió del 4 al 8 por ciento de la facturación. Para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, el departamento de Trabajo revisará la oportuna devolución de las cantidades abonadas por las concesionarias de las ITV.Desde ahora y hasta 2006, ha apuntado Rañé, la Generalitat se encargará de definir “un nuevo modelo" para las inspecciones de vehículos. Éste se basará en la máxima calidad (para garantizar la seguridad), control efectivo por parte del Ejecutivo catalán, implantación que cubra todas las comarcas de Cataluña y “precios ajustados". En teoría, cuando termine el período de explotación, las instalaciones pasarán a ser propiedad de la Generalitat.El portavoz parlamentario de ICV, Joan Boada, ha celebrado la resolución del Gobierno catalán y se ha mostrado partidario de que una empresa mixta (con capital público y privado) preste el servicio de ITV. “Fuimos los que llevamos el caso a los tribunales. Nos atrevimos ante una acción de amiguismo por parte de CiU a favor de un sector financiero concreto y contraviniendo toda la legislación del momento", ha destacado Boada.

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