Las autonomías frenan la tasa extra sobre los combustibles

De momento, la fiscalidad que afecta a los carburantes no se moverá. Así lo han decidido el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que han aplazado la imposición de la polémica tasa propuesta por Cataluña para sacar dinero de las gasolinas y financiar con él las sanidades autonómicas.

Las autonomías frenan la tasa extra sobre los combustibles
Las autonomías frenan la tasa extra sobre los combustibles

La oposición al proyecto llegó desde 10 de las 17 comunidades autónomas. Seis de ellas están gobernadas por el Partido Socialista: Extremadura, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón. A su postura se unieron cuatro comunidades gobernadas por el Partido Popular: Cantabria, Murcia, La Rioja y Castilla y León.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que agrupa al Gobierno y las consejerías de Economía y Hacienda de los gobiernos autonómicos, se enzarzó el viernes en una dura controversia acerca de la conveniencia de imponer el nuevo gravamen. Al final, las comunidades "rebeldes" lograron que se aplace la aprobación y el Consejo se reunirá de nuevo el jueves para afrontar el asunto.

Como ya informamos en Autopista Online, la propuesta catalana supone gravar con un impuesto más a los carburantes, que ya soportan un alto peso fiscal. Se trata de cobrar, en principio, entre tres y cinco pesetas más por cada litro de gasolina o gasóleo. Esta recaudación extra –100.000 millones de pesetas, según el Gobierno- iría destinada a financiar la sanidad en aquellas comunidades que tengan estas competencias transferidas.

A última hora, y tratando de forzar la aprobación de la medida, el Gobierno propuso llevar el nuevo impuesto hasta las ocho pesetas por litro, instaurando dos tramos, uno estatal y otro autonómico. Sin embargo, la oposición de las 10 comunidades citadas fue suficiente mente fuerte como para impedir la aprobación inmediata.

Agrio debate
Mientras tanto, la sociedad ha iniciado un profundo y encrespado debate sobre la propuesta de esta "sobre-tasa". El Ejecutivo asegura que este esfuerzo que se pide a los conductores tendrá un efecto muy positivo para la sociedad. Servirá, insiste, para garantizar las transferencias sanitarias a las comunidades que aún no las han recibido por carencias en sus sistemas financieros.

En principio, trataron de ajustarse al nuevo esquema de reparto de ingresos fiscales, con un 40 por ciento para las autonomías y un 60 para el Estado. Así, se llevarían dos pesetas las comunidades y tres la Administración central. Como ya se ha dicho, estas cantidades cambiaron después a cuatro para cada estamento. Las subidas siempre se harían de forma escalonada hasta completarse en 2004.

Rodrigo Rato, ministro de Economía, salió en defensa de este nuevo impuesto asegurando que, pese a su carácter inflacionista, es muy "racional" y tiene como fin lograr una mayor corresponsabilidad de las autonomías e incrementar su nivel de autogobierno.

Desde el Gobierno se ha recordado también que la presión fiscal que soportan los combustibles españoles está por debajo de la media de la Unión Europea. Destacan sobre todo el gasóleo, que soporta impuestos nueve puntos por debajo de lo usual en Europa, y la gasolina sin plomo de 95 octanos, más de 10 puntos porcentuales por debajo de la media.

En contra se han situado tres líneas de choque principales: asociaciones de consumidores, fabricantes de coches y, lógicamente, las comunidades autónomas opuestas al proyecto.

"Si el Gobierno quiere crear un nuevo impuesto sobre las gasolinas, que lo haga él, sin achacárselo a las comunidades autónomas. Yo no quiero aplicar más impuestos a los ciudadanos", recalca Magdalena Álvarez, secretaria de Hacienda de la Junta de Andalucía. Su postura es un buen resumen del parecer de las autonomías "rebeldes".

Creen, en general, que el plan está muy poco maduro y que creará inestabilidades y diferencias entre las comunidades, puesto que cada una podrá imponer la tasa en la medida que crea oportuno o, directamente, no aplicarla, como ya han anunciado que harán Andalucía y Aragón.

Estas diferencias supondrían que unas comunidades tuvieran los combustibles más baratos que otras. Estaríamos así ante una guerra de precios entre gasolineras de diferentes regiones.

Los consejeros socialistas creen también que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trata de aprovechar el tramo estatal del nuevo impuesto para ahorrarse el llamado "fondo de suficiencia". Dicho fondo es un remanente de dinero que se aprobó en julio, cuando se pactó la reforma del modelo de financiación autonómica. Sirve como complemento financiero para las comunidades y, si se recauda a través de impuestos sobre el combustible, se resta de los Presupuestos Generales del Estado, con lo que el Gobierno endereza un poco más su cuenta de resultados.

En esta línea surge otra acusación que varios observadores han puesto de manifiesto. Creen que el Ejecutivo no debería vanagloriarse tanto de bajar la fiscalidad general cuando, por otro lado, incrementa los impuestos indirectos.

Las asociaciones de consumidores también se oponen, pero con disidencias. La OCU y la UCE consideran que no debe aplicarse porque "se va a financiar la sanidad con el combustible", algo que califican de "aberrante". Temen también que se produzcan problemas graves cuando el combustible vuelva a subir de precio.

Portavoces de la UCE señalan que este nuevo peaje rompe los principios del sistema impositivo: capacidad, equidad y progresividad del impuesto. Creen que se opta de forma fácil por la imposición indirecta y se introduce "sibilinamente" la fórmula del co-pago en la sanidad pública, algo que es "profundamente insolidario, ya que los ciudadanos pagarán la prestación sanitaria, no en función de su renta, sino en función de cuánto utilicen sus coches".

Desde la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, se ha pedido que la tasa se aplique uniformemente, sin diferencias entre las comunidades.

Por su parte, los automovilistas y los fabricantes de automóviles han hecho piña contra una medida que viene a gravarles directamente. Los constructores consideran que es muy mal momento para encarecer aún más el sector. Aseguran que el Estado ya se lleva tres billones de pesetas al año por los hidrocarburos que compran los conductores, mientras que sólo les devuelve 600.000 millones, lo que se dedica a construcción y mantenimiento de las vías.

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