La Unión da vía libre a la calificación de los vehículos usados como residuos peligrosos

Cuatro meses a partir del 1 de enero de 2002. Ese es el límite de tiempo que tienen los estados miembros de la Unión, incluido España, para incorporar a sus respectivas legislaciones una directiva europea sobre la recogida y reciclaje de vehículos que, como punto más importante, considera a los vehículos fuera de uso entre los residuos peligrosos. En concreto, la norma los califica de "bombas ambientales".

Hasta que en 2006 los fabricantes sean obligados a hacerse cargo del coste, los distintos gobiernos deberán buscar fórmulas alternativas de financiación evitando una transición traumática. En Holanda, Suecia o Austria, se han establecido fundaciones de recogida y reciclaje que se subvencionan a través de un impuesto de circulación o una tasa añadida al precio del coche. Incluso constructores como Volkswagen se han adelantado a la normativa y ya destinan importantes partidas económicas a este apartado, impulsados por la desgravación a Hacienda.

En España, el Ministerio de Medio Ambiente ha trazado un plan especial, similar a los de otros estados miembros, que, como advierte ya de antemano el director del Club Español de Residuos, Carlos Martínez Ordago, "no compromete a nada ni a nadie".

El citado plan tiene como objetivo reutilizar e incinerar el 80 por ciento, en peso, de los vehículos usados antes de 2005 y el 85 por ciento, en 2006. Simultáneamente, cuatro de cada cinco vehículos usados deberían ser depositados en centros autorizados de recepción y descontaminación (CARD), que tendrán que ser homologados por las propias autonomías. En total, se calcula que se necesitarán 1.085, además de tres fragmentadoras, para realizar una labor que afecta cada año a un millón de vehículos.

A las dificultades inherentes de poner en marcha tan ambicioso proyecto, que, como se ha visto, no es vinculante, se añaden los obstáculos y trabas legales para promulgar el decreto que transponga la directiva comunitaria a norma nacional. Los distintos sectores afectados no se han puesto de acuerdo al respecto y cuando quedan menos de cuatro meses de fecha tope, aun se discute por un borrador, que va ya por su quinta modificación.