La UE acepta la queja contra el tercer túnel de Guadarrama

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha aceptado la queja presentada por la Plataforma Sierra de Segovia, WWF/Adena y la Unión Sindical de Ávila de CC.OO. contra el proyecto de construcción del tercer túnel de Guadarrama, en la autopista A-6.

La UE acepta la queja contra el tercer túnel de Guadarrama
La UE acepta la queja contra el tercer túnel de Guadarrama

Los enfrentamientos entre las entidades ecologistas y Castellana de Autopistas (empresa encargada de la realización de las obras para la construcción del tercer túnel de Guadarrama) vienen de lejos y no parece que vayan a resolverse. Ya en 1997, se presentaron quejas por el cambio en el proyecto que el Gobierno sacó a concurso para realizar los ramales de la N-VI hacia Ávila y Segovia. Según ha asegurado a Autopista Online Francisco Cenalmor, asesor de Operaciones de la Plataforma Sierra de Segovia y la Unión Sindical de Ávila de CC.OO., lo que iban a ser autovías se transformaron en autopistas, con un impacto ambiental mayor y una serie de proyectos asociados (como el subterráneo) que no estaban en el plan original que se sacó a concurso.

Tras presentar sus quejas ante diversos organismos judiciales nacionales, la Comisión Europea ha admitido un recurso de las entidades ecologistas y WWF/Aena, que provocará una investigación sobre el posible daño de las obras del túnel, aún sin comenzar y en período de información pública.

El nuevo subterráneo fue proyectado por la compañía Iberpistas, con el fin de terminar con las retenciones que se producen los fines de semana en la A-6. Este túnel sería el tercero que se construye en la Sierra de Guadarrama, tras los realizados en 1963 y en 1972, pero –según aseguran desde Ecologistas en Acción- las obras pueden representar un daño medioambiental "enorme" y debilitar "aún más la zona, contribuyendo a su total destrucción".

Los responsables de esta entidad han calificado el proyecto de "aberración" ecológica. El paso, que discurriría entre el municipio segoviano de San Rafael y el madrileño de Guadarrama, "tendría un impacto muy negativo y no descongestionaría ni el acceso ni la salida de Madrid", ya que los atascos en la A-6 son debidos a las colas en los peajes existentes y un nuevo subterráneo "no evitará las retenciones a la altura de Villalba", han asegurado al diario El Mundo.

Por su parte, José Antonio López Casas, consejero portavoz de Castellana de Autopistas (propiedad de Iberpistas), ha declarado que "a quien hay que preguntar si el túnel es o no necesario es a los que sufren los atascos los viernes y domingos".

Asimismo, López Casas ha afirmado que las obras se hacen "a expensas de nuestra compañía y, si entendiéramos que no son necesarias, ¿para qué vamos a gastar dinero?".

Además de la construcción del subterráneo, Castellana de Autopistas proyecta la realización de un cuarto carril entre Las Rozas y Villalba y un tercero entre esta localidad y Guadarrama. En conjunto, la inversión de la empresa alcanzará los 248,8 millones de euros (41.396 millones de pesetas), incluyendo las autopistas de peaje de conexión de la A-6 con Segovia y Ávila, actualmente en construcción.

Presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras
Ecologistas en Acción ha señalado la "falta de sensibilidad medioambiental" de Iberpistas, que –desde su punto de vista- considera el proyecto como "una operación financiera para que el valor accionarial de la compañía aumente". Además, Cenalmor ha recordado que la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea envió al Gobierno español un dictamen por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras, lo que han calificado como "una estafa al ordenamiento jurídico".

El asesor de las entidades ecologistas ha declarado a Autopista Online que el Ministerio de Fomento vulneró varias directivas medioambientales en 1999, fecha de la adjudicación de las obras. "No se realizó ningún estudio informativo ni de impacto ecológico, como marcan las normas. Además, se quebrantó la directiva para la protección de aves y flora. Los trabajos implicarían una tala masiva en una zona que ha sido propuesta para crear un Parque Nacional", afirma Cenalmor.

Según los ecologistas, el Ejecutivo dispone de un plazo de dos meses para revisar la adjudicación y ajustarse plenamente al Derecho Comunitario, antes de que el hecho sea denunciado por la Comisión ante el tribunal Europeo de Justicia. Sin embargo, han asegurado que "ya ha transcurrido un mes desde entonces y aún no se han dado reacciones del Ministerio de Fomento ni de los responsables del Partido Popular, que apadrinaron la operación".

Por su parte, López Casas ha declarado que Castellana de Autopistas tiene "plena confianza en la licitud y legalidad del procedimiento" y ha recordado que "aún no se han producido resoluciones judiciales definitivas".