La nueva Ley de Tráfico, en la picota

Todos los sectores implicados en la movilidad española están opinando acerca de la nueva Ley de Tráfico que acaba de entrar en vigor. Desde la oposición política del Gobierno, hasta el RACE, pasando por múltiples asociaciones de conductores.

La nueva

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Ley de Tráfico acaba de entrar en vigor y como novedades, tal y cómo informábamos hace unas semanas en Untitled Document

Autopista Online . Entre las novedades está el aumento y endurecimiento de las sanciones, la prohibición del uso del teléfono móvil, de detectores de radares y la introducción de medidas reeducadoras para los infractores reincidentes.

Para el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Victorino Mayoral, es necesario incrementar el número de agentes de la Guardia Civil en las carreteras españolas (la nueva normativa establece que los guardias civiles dejarán de patrullar las carreteras en parejas) y, a la vez, aumentar el presupuesto destinado para la Dirección General de Tráfico. Si no se produce este incremento de los fondos, es posible que la nueva ley "quede en papel mojado". Además, ahora es necesario que el Gobierno de luz verde a diferentes reglamentos para que la aplicación de la nueva norma sea efectivamente puesta en marcha. Dichos reglamentos se refieren, por ejemplo, a las medidas reeducadoras a cambio de sanciones: hay que legislar en esa materia para que no se tienda al caos.

Demanda de mayor educación
Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico no están muy conformes con la nueva ley. Según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico (AVAT), es necesario que se incrementen los controles en carretera, en la misma línea que lo pedido por el principal partido de la oposición.

Esta asociación aboga también por una mayor educación desde la escuela, del mismo modo que la asociación Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), que defiende la idea de que se retire el permiso de conducir tras las tres faltas graves y no que prescriba el castigo cada dos años.

La norma prevé la retirada del permiso de conducir cuando se hayan cometido tres infracciones muy graves en el plazo de dos años. Si sólo se han cometido dos y pasan los dos años, el "contador" se pondría de nuevo a cero. Esto es "algo muy injusto", según una de los responsables de PAT, Eloísa Ragel, que perdió a su hijo en un accidente de tráfico.

Ley recaudadora
Para el presidente del Real Automóvil Club de España (RACE), Fernando Falcó, la ley "no resuelve los problemas esenciales del tráfico, ni garantiza la seguridad vial", aunque según Falcó, "prevé a las Administraciones públicas con las herramientas necesarias para recaudar más y mejor".

Por otra parte, asociaciones de conductores como AEA (Automovilistas Europeos Asociados) y CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) han indicado que el aumento en los plazos para tramitar las multas puede vulnerar el derecho a un proceso rápido y a una resolución con prontitud. Al igual que la figura del pronto-pago, que reduce la cuantía de la sanción en un 30 por ciento, que puede afectar al derecho al recurso.

Otras organizaciones, como Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España), han mostrado su desagrado con la reforma de la ley y han solicitado al Defensor del Pueblo que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra la misma, al entender que se vulneran los derechos del colectivo de transportistas.

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