La liberalización de las ITV, a debate

El Real Decreto-Ley 7/2000 está dando mucho de qué hablar acerca de su constitucionalidad.

A finales de pasado mes de julio, la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) publicó un informe en el que apuntaba que el decreto de liberalización de las ITV podía ser inconstitucional.
Dicho informe, referente al Real Decreto-Ley 7/2000, confirma que, al pasar a ser máximo, el precio por superar las inspecciones técnicas perjudicará a los concesionarios de las estaciones.
Además, esta reglamentación administrativa constituye un conflicto de competencias con las comunidades autónomas, porque ésta es materia de legislación de las administraciones regionales y no de la central.
AECA-ITV no puede recurrir este Real Decreto-Ley hasta que no sea reglamento publicado. Los recursos de inconstitucionalidad sólo pueden ser presentados ahora por las diferentes comunidades autónomas. Precisamente eso es lo que ha hecho la Junta de Andalucía, que argumenta que esta norma modificará el marco legal de las concesiones vigentes en esta comunidad y pondrá en peligro el equilibrio económico de la región. Este sector factura 4.898 millones de pesetas en dicha comunidad y da empleo a más de quinientas personas en las 43 estaciones de servicio existentes en Andalucía.

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