La Junta de Andalucía da forma a otro plan de choque para Santana

El rechazo del Ministerio de Trabajo a las prejubilaciones de Santana Motor, unido a su crítica situación financiera, podría desembocar en la quiebra de la compañía, que ha convocado una junta extraordinaria de accionistas el próximo día 20 para aprobar un plan de acción.

La prejubilación de 500 empleados de la empresa (que en la actualidad ocupa a 1.600 personas) es uno de los pilares sobre el que se sustenta el plan de emergencia de la fábrica, propiedad de la Junta de Andalucía.
El coste de dichas prejubilaciones, que aún no cuenta con el visto bueno de los sindicatos, ascenderá a 72 millones de euros (doce mil millones de pesetas). Santana carece de recursos para hacer frente a esta contingencia, por lo que la Junta ha planteado al Ministerio de Trabajo la necesidad de cofinanciar la cuantía total de la reconversión.
Sin embargo, Trabajo se ha mantenido firme en su rechazo a autorizar o financiar cualquier plan de estas características, debido a los fuertes costes que supondría para el erario público. La Junta de Andalucía considera que esta actitud representa un agravio comparativo frente a otros ejemplos de compañías en beneficios que, con la autorización de este Ministerio, han aplicado planes de prejubilación para reducir costes.
Si no existe un "cambio de sensibilidad" del Gobierno, Santana estudiará medidas más traumáticas, entre las que no se descartan la suspensión de pagos o la quiebra. La compañía, que, según datos provisionales, perdió el pasado año casi 42 millones de euros (siete mil millones de pesetas), se encuentra en una situación patrimonial que el accionista público no puede remediar. En este sentido, la firma ha convocado una junta extraordinaria, que se celebrará el día 20, para aprobar un plan de acción que haga frente a la crisis financiera.

El PP reprocha a la Junta "no jugar limpio" con el Gobierno central
Por otra parte, el presidente del Partido Popular en Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha acusado a la Junta de Andalucía de "no jugar limpio" con el Gobierno central en lo que respecta a Santana, ya que ha puesto en la mesa un plan de prejubilaciones sin haber mantenido ningún contacto con el Ministerio de Trabajo.
Fernández de Moya ha pedido a la Junta "un mínimo de lealtad institucional", ya que asuntos tan importantes como pueden ser las prejubilaciones se han planteado sin contactar con el Gobierno central.
El portavoz de economía del PP en el Parlamento Andaluz, Salvador Fuentes, ha señalado que casos como el de Santana ponen de manifiesto el "auténtico descalabro de la política industrial de la Junta de Andalucía".