La Comisión Europea investiga el mercado español de combustibles

Las gasolineras independientes y los dueños de estaciones de servicio se han salido con la suya. Les ha costado años de lucha y denuncias, pero al final han logrado que la Unión Europea ponga bajo la lupa el complejo sistema de distribución de combustibles en España.

La Comisión Europea acaba de abrir una investigación para determinar si el mecanismo de distribución en exclusiva es legal o, si por el contrario, es una tara para la competencia.
Son varias las denuncias en este sentido. La más importante hablaba de posibles acuerdos para fijar los precios. Otras, atacaban a los mecanismos de relación entre las compañías y las estaciones.
En España, las gasolineras son de tres tipos: independientes de marca blanca, es decir, no adscritas a una petrolera en concreto; gasolineras propiedad de las compañías y abanderadas. El quid de la cuestión está en las abanderadas.
Son gasolineras propiedad de un particular, pero puestas bajo la imagen de una operadora. Esta última pone su imagen de marca, colabora en el mantenimiento y construcción de la estación y proporciona condiciones favorables de venta y competencia. A cambio, el dueño de la gasolinera está obligado a vender siempre combustible de esa marca, al precio establecido por la operadora y sólo se lleva una comisión por litro despachado. Estos contratos de abanderamiento se hacían antes por una duración de 15 ó 20 años, que ahora se han reducido a 5 para los nuevos pactos.
Los dueños de las gasolineras y las independientes se han quejado ante la Comisión Europea de este sistema. Consideran que penaliza la competencia y dificulta la evolución del mercado.
Ahora, la Comisión tendrá que determinar qué partes del sector son ilegales.

Por otra parte, en Bruselas han llegado a un acuerdo conciliador para solucionar el problema abierto con las rebajas y exenciones fiscales aprobadas en algunos países para solucionar la crisis de los combustibles.
Las exenciones temporales de impuestos tenían fecha de caducidad para el 31 de diciembre pasado, con lo cual, los países que aún las mantienen incurrían en una ilegalidad. Para no tener que abrir expedientes sancionadores, la Comisión ha decidido prorrogar dos años más estas prerrogativas.
De ellas se benefician camioneros, pescadores, agricultores, taxistas, etc.