La CE, contra los obstáculos al libre mercado

La Comisión Europea ha decidido tomar medidas contra Polonia, Francia y Austria por dificultar la libre circulación de mercancías. Según los datos que maneja la Comisión, estos países ponían trabas a la matriculación de vehículos importados.

Desde los inicios de la Unión Europea, la libre circulación de mercancías ha sido uno de los soportes fundamentales del mercado interior y, por ende, de la construcción europea. No es de extrañar que la Comisión y los órganos legisladores de la Unión estén siempre alerta ante cualquier violación de este principio. Por eso, no han dejado pasar las denuncias que hablaban de posibles impedimentos a la libertad de movimientos de mercancías en Polonia, Francia y Austria.

Al parecer, los técnicos de la Comisión han detectado maniobras para obstaculizar la importación de coches en todos estos países. En Polonia, por ejemplo, se ponen impedimentos a la matriculación de coches usados procedentes de otros países, que sufren condiciones de comercialización más estrictas que los coches de ocasión locales.
En Francia se mantienen algunas trabas administrativas a la importación, mientras que en Austria, por su parte, se obliga a los coches llegados de fuera a pasar “inútiles" controles dobles de conformidad. En estos momentos, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a Polonia, trámite que pone en marcha el mecanismo de infracción. En este documento, se requiere información sobre los obstáculos que frenan la importación de usados.En Francia, las autoridades han tardado de reaccionar modificando una parte de su legislación de forma que encaje mejor con el derecho comunitario, pero no han podido esquivar la llegada de la carta de emplazamiento que les reclama más cambios.Por último, Austria va más adelantada y ya está en la segunda parte del procedimiento sancionador. El Ejecutivo de la Unión ha enviado ya un dictamen motivado al Gobierno de Viena , que es el paso previo a presentar la denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia.
El país centroeuropeo tiene ahora dos meses para aportar los cambios necesarios para poner fin a las violaciones de la directiva y del principio de libre circulación de bienes y mercancías.