La Audiencia Nacional juzgará el "Fraude de las Gasolineras"

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido estimar la declinatoria de jurisdicción que habían presentado muchos de los acusados en el llamado "Fraude de las Gasolineras". De esta forma, el caso pasa ahora a manos de la Audiencia Nacional, un órgano competente a escala estatal.

La Audiencia Nacional juzgará el "Fraude de las Gasolineras"
La Audiencia Nacional juzgará el "Fraude de las Gasolineras"

Como se recordará, en 1998 se destapó en Madrid y zonas limítrofes un espectacular fraude en varias gasolineras. Sus dueños habían estado manipulando durante casi 10 años los surtidores de sus estaciones de servicio. El fraude consistía en dispositivos informáticos que hacían que los surtidores expendiesen menos gasolina de la que marcaban sus contadores.

Todo el escándalo fue denunciado por la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Posteriormente, los inspectores de la Comunidad de Madrid comprobaron el fraude y 39 empresarios de gasolineras fueron acusados y docenas de gasolineras, precintadas.
Ahora, los abogados que los representan han logrado dilatar todavía más el proceso legal al hacer que la Audiencia Provincial de Madrid admita su declinatoria de jurisdicción. Esto significa que los implicados, al ser varios de ellos de comunidades autónomas distintas a Madrid, no reconocen la jurisdicción del tribunal madrileño. Éste, por su parte, ha reconocido que tienen razón en este apartado y envía el caso a la Audiencia Nacional, cuyas competencias abarcan todo el estado. A partir de ahora, la monumental estafa depende ya de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, ha pedido 9 años de cárcel para 18 de los acusados y 4 años y 9 meses para otros 21 inculpados. A todos se les achaca un delito de estafa por defraudar unos 32,4 millones de euros, sobre 5.400 millones de pesetas. Las multas que acompañan a estas penas también son elevadas: una cuota diaria de 90 euros durante 42 meses para los 18 acusados principales y otra de 6 euros diarios durante 30 meses para los restantes 21.

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