Juez impone una fianza de 3,2 millones a CDC y desata una tormenta política

El juez que investiga el saqueo al Palau de la Música ha declarado a CDC como responsable civil 'a título lucrativo' y le ha exigido que deposite una fianza por valor de 3,2 millones de euros, bajo la amenaza del embargo de sus bienes, lo que ha desatado una tormenta política en Cataluña.

Tras haberse hecho público el auto, Convergència Democràtica de Catalunya -en el gobierno de la Generalitat- se ha apresurado a anunciar en boca de su secretario de organización, Josep Rull, que se pagará esta fianza, aunque la formación nacionalista ha subrayado que interpondrá un recurso contra el auto del juez que, a su juicio, presenta unos indicios 'extremadamente débiles'.

Por su parte, la oposición catalana en bloque ha pedido al presidente de la Generalitat y de CDC, Artur Mas, que dé personalmente explicaciones, hasta el punto que ICV-EUiA, Solidaritat y Ciutadans han solicitado formalmente una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces del Parlament para aprobar la comparecencia de Mas.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, atiende a la solicitud de la fiscalía y declara a CDC como responsable civil 'a título lucrativo' del expolio del Palau, con una responsabilidad pecuniaria de 3,2 millones de euros, que es la cuantía económica estimada del beneficio supuestamente obtenido por la formación.

El juez requiere a CDC a que deposite, como máximo hasta mañana, la fianza de 3,2 millones y acuerda abrir una pieza separada del caso para instruir la responsabilidad civil de CDC en este proceso, al ver indicios que CDC recibió fondos del Orfeó Català por valor de 2,3 millones de euros a través de 'entregas opacas de dinero en efectivo' realizadas entre 2002 y 2008 por parte de los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull.

De estas 'entregas opacas' de dinero, 2,3 millones de euros fueron a parar a los entonces responsables de finanzas de CDC Carles Torrent -ya fallecido- y Daniel Osàcar -también imputado-, aunque el destinatario final era Convergencia, bien directamente o bien a través de la Fundación Trias Fargas (actual Catdem), según el magistrado.

Pocas horas después de que se conociese el auto del juez, el secretario de organización de CDC ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que su partido interpondrá un recurso para intentar 'desmontar' los indicios 'extremadamente débiles' contra su formación, y ha asegurado que se pagará la fianza.

Rull ha garantizado que el partido utilizará 'todos los mecanismos jurídicos' a su alcance para defender su honorabilidad, porque 'no se ha lucrado ni del Palau ni de ninguna otra entidad'.

Con respecto a la fianza, CDC prevé abonarla dentro del plazo requerido, posiblemente a través de avales bancarios o propiedades inmobiliarias, aunque la fórmula para hacerla efectiva aún está por concretar, según fuentes convergentes.

Por su parte, toda la oposición ha coincidido en pedir la comparecencia 'urgente' de Mas para dar 'explicaciones' sobre el caso y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha señalado que 'es imprescindible para CDC y para el sistema democrático del país que se esclarezca cuanto antes mejor' este caso.

También el portavoz parlamentario del PPC, Enric Millo, ha instado a Mas a comparecer 'de inmediato' públicamente para explicarse, ante un caso que 'afecta directísimamente a la honorabilidad del partido que gobierna en Cataluña'.

Los grupos y subgrupos parlamentarios de ICV-EUiA, Solidaritat y Ciutadans han solicitado formalmente una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces del Parlament para aprobar la comparecencia de Mas y ERC la ha pedido con urgencia 'en el formato que sea'.

Sin embargo, en la red social Twitter, el presidente de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) -las juventudes de CDC-, Gerard Figueras, ha vinculado el auto del juez que investiga el saqueo al Palau de la Música, sobre presunta financiación irregular de CDC, a una 'ofensiva judicial contra el catalanismo'.